El mismo gobierno que durante años entorpeció los desalojos judiciales y amparó al inquilino moroso ahora promete devolver un inmueble robado en quince días. De esa paradoja parte Ignacio Morales Lechuga. El 5 de agosto, presionada por los plantones de las víctimas, Clara Brugada presentó una estrategia contra el despojo, restitución exprés, judicialización, abogados gratuitos y todo el peso de la ley contra los «cárteles inmobiliarios». Del origen del fenómeno, reprocha el columnista, no se dijo una palabra.
El drama que describe es real y está documentado. Las víctimas relatan chapas cambiadas, escrituras falsas, poderes apócrifos y una maquinaria con terminales en despachos, juzgados y el Registro Público. En la capital, redes como la Unión Tepito han despojado de su casa a personas vulnerables, muchas de ellas adultos mayores. La imagen con que ordena su argumento es eficaz, todos miran el incendio, pero nadie pregunta quién roció la gasolina.
Su respuesta a esa pregunta es la tesis de la columna, y conviene leerla como lo que es, una interpretación suya. Sostiene que el despojo, más que una laguna burocrática, es el fruto premeditado de una cadena legislativa que dice haber documentado en más de veinte textos. Enumera unos ocho eslabones entre 2019 y 2026: desde el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos capitalina, que a su juicio protegió a invasores y morosos frente al desalojo, y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que traslada al ciudadano la carga de probar su inocencia, hasta lo que él describe como la eliminación de la propiedad privada como derecho humano de la Constitución de la ciudad en 2024, y un fallo de la Corte que en 2026 ató las rentas a la inflación. El hilo que traza, dice, entroniza la posesión sobre la propiedad.
De ahí extrae su frase más filosa: el delincuente sólo replicó la lección impartida desde la tribuna, la de un título de propiedad que vale lo que dure la legislatura en turno. Y encuentra una confesión involuntaria en la propia jefa de Gobierno, que reconoció que la incidencia del delito se mantiene estable desde 2019. Para él, esa estadística fecha el inicio de la crisis en el arranque de lo que llama la demolición legislativa de la propiedad. El dato, en efecto, es verificable, Brugada situó el delito en un promedio de diez a once casos diarios sostenido desde ese año.
Aquí conviene abrir el otro lado, que la columna no ofrece. Las normas que engarza como un plan único tienen, cada una, defensores y una razón declarada, proteger a inquilinos y ancianos de desalojos abusivos, combatir al crimen organizado con la extinción de dominio, resguardar el patrimonio cultural, frenar la especulación con las rentas. Que el conjunto constituya un designio deliberado para «legalizar el despojo», o que sean políticas distintas de efectos mezclados, es el punto en disputa. Su lectura de premeditación es una hipótesis, no un hecho probado, y el gobierno capitalino presenta su estrategia como defensa de las familias frente a redes criminales, no como una cortina.
Con todo, su reparo de fondo no se disuelve por señalar el sesgo. Considera que las medidas anunciadas son una fachada para contener el escándalo mientras queda intacto el andamiaje que, en su opinión, hará posible el próximo despojo. La certeza jurídica, remata, exigiría derogar ese aparato, y no maquillarlo. Su cierre es una imagen dura, aplaudir la promesa de los quince días mientras sigue en pie el entramado equivale a agradecer los somníferos al verdugo que está por ejecutarnos.
Descontada la carga conspirativa, queda una pregunta que no depende de comprar su tesis. Un Estado puede perseguir a los despojadores y, al mismo tiempo, legislar de un modo que corra el fiel de la balanza de la propiedad hacia la posesión; si eso ocurre, la restitución exprés atiende el síntoma y deja intacto el incentivo. Saber si las reformas de los últimos años protegieron al débil o debilitaron la certeza de todos es una discusión que la Ciudad de México debe darse en serio, más allá de que se comparta o no la sospecha de que alguien, desde la tribuna, roció la gasolina.
