Para el ciudadano de clase media, alimentado por los medios tradicionales y las plataformas digitales, hay un absurdo que se repite: que Claudia Sheinbaum ronde el 70 por ciento de aprobación y que Morena siga arriba pese a un flujo interminable de escándalos que, «inexplicablemente», no abollan la cifra. Jorge Zepeda Patterson dedica su columna a disolver ese misterio, y su tesis cabe en una idea, que la calle lee la realidad con otra vara.
El sentido común de quien viaja en Metro, levanta un muro o cose a destajo, propone, difiere del de quien vive en una casa con cochera para dos autos. Y la diferencia no nace de que le falte información o lo hayan engañado; nace de que su realidad se nutre de «otros datos», datos que no salen de un periódico ni de una tertulia televisiva; los pone el entorno y los confirma el bolsillo. Ahí está, para él, la clave que los analistas de escritorio suelen pasar por alto.
Esos otros datos el INEGI acaba de ponerlos en números, y conviene anclarlos porque sostienen todo el argumento. La participación de los salarios en el PIB pasó de 26.7 por ciento en 2018 a 30.8 por ciento en 2026, un avance de poco más de cuatro puntos, mientras el excedente de las empresas retrocedió de alrededor de 44 a cerca de 40 por ciento. Traducido por Zepeda, son unos 1.5 billones de pesos más al año en las bolsas de los trabajadores, y una brecha entre lo que se lleva el capital y lo que se lleva el trabajo que se estrechó de unos 17 puntos a menos de 10. El reparto del pastel, en su imagen, se modificó.
Cómo ocurrió no es secreto, y él lo enumera, alzas reales y fuertes al salario mínimo, fin del outsourcing, subsidios y pensiones directas, y reorientación de la inversión pública. De ahí extrae su conclusión política, que no hay nada raro en que la gente vote según sus intereses concretos, y que lo raro sería lo contrario. Si el poder adquisitivo de los sectores populares creció, se pregunta, por qué habrían de votar por el proyecto económico de los gobiernos anteriores.
Antes de rematar, concede lo que la clase media reprocha. Sabe que la pérdida de autonomía de la CNDH, los jueces llegados con la reforma judicial, el lujo de ciertas figuras de la 4T o el mal gesto del Ejecutivo al señalar por su nombre a periodistas críticos forman parte de la conversación pública. Pero introduce un giro, llamar a los actuales «lo mismo» que los de antes los denigra sin ofrecer un motivo para volver con los de antes. Serán iguales en muchas cosas, admite, aunque no en lo que de veras pesa en la mayoría.
Y ahí pone su dato más contundente, con una salvedad que conviene sumar. Sostiene que el salario promedio de un trabajador del IMSS pasó de 10 mil 770 pesos mensuales en 2018 a 20 mil 419 en 2026, el doble en términos nominales y, según su cálculo, un 64 por ciento más ya descontada la inflación, para veintitrés millones de trabajadores y diecisiete millones de personas que dependen de ellos. La duplicación nominal y el récord del salario base afiliado son reales; la mejora en términos reales, sin embargo, es motivo de debate, pues estimaciones independientes la ubican más cerca del 38 al 40 por ciento hasta 2025, de modo que la cifra que él usa corre en el extremo alto. A eso suma pensiones a adultos mayores, becas y un giro del gasto hacia salud y educación que alcanza a muchos fuera del IMSS.
Aquí conviene abrir el flanco que la columna apenas roza. El mismo corte del INEGI que le da la razón sobre el reparto retrata un mercado laboral que se precariza, con una informalidad que ronda el 55 por ciento, unos 33 millones de personas, y una mayoría que gana menos de dos salarios mínimos. Las cifras del IMSS, por definición, sólo miran al empleo formal, y buena parte del alza salarial se explica por la política de mínimos más que por una economía pujante. Zepeda no ignora del todo el problema, pues él mismo advierte que el esquema redistributivo no podrá financiarse sin reactivar el crecimiento y la inversión privada que crea empleos. La ganancia es real; su permanencia, la duda.
Por eso su cierre no es un aplauso, y ahí gana estatura. Rechaza el respaldo incondicional al gobierno, insiste en que sin crítica y autocrítica la 4T no superará sus lastres, y repite que la redistribución se agota si no vuelve el crecimiento. Pero advierte que apostar por el derrumbe de este proyecto, sin otro viable para las mayorías, es «un salto al vacío». Su balance final es medido, en justicia social el movimiento logró un cambio que el país necesitaba con urgencia, y lo que sigue exigirá «una versión más exigente y depurada» o correrá el riesgo de agotarse.
El valor de la pieza está en que explica la aprobación sin adularla. Contra la idea cómoda de que las mayorías están engañadas, muestra que están haciendo cuentas, y que esas cuentas, por ahora, les salen a favor. La pregunta que deja en el aire no es por qué los pobres respaldan el proyecto, cosa que sus números explican de sobra, sino cuánto tiempo podrá el proyecto seguir pagando la factura que lo hizo popular.
