Quien conoce Patzcuarito sabe que a esa playa no se llega en auto. Desde Sayulita hay que caminar unos 20 minutos por un camino de terracería, con la sombra de las palmeras como techo, y en el trayecto se cruzan cangrejos, iguanas, aves y orquídeas. Es una playa de poco más de un kilómetro, casi virgen, de las pocas que todavía se ganan a pie. Esa quietud es justamente lo que la hace valiosa, y lo que hizo que la noticia del 15 de octubre pesara tanto: ese día, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegaron a un predio en esa playa y encontraron maquinaria, piedra y cemento donde debería haber duna y vegetación.
Lo que vieron fue una intervención de unos mil 800 metros cuadrados. Había dos plataformas o terrazas, de unos 150 y 500 metros cuadrados, construidas excavando y modificando el terreno. Había también dos muros de mampostería, de piedra y cemento: uno de unos 50 metros, paralelo a la playa y en el límite de la zona federal marítimo terrestre (la franja de costa que es propiedad de la nación y por la que cualquier persona puede caminar), y otro de unos 13 metros. A eso se sumaban dos caminos de acceso abiertos en el terreno, escalinatas hacia la playa y otras estructuras de piedra.
La Profepa explica que este tipo de obras no son un simple adorno. Remover y compactar el suelo cambia la forma natural del terreno, altera por dónde corre el agua de lluvia y modifica los procesos de erosión y sedimentación, es decir, cómo la arena se va o se queda. Por su ubicación, además, las obras representan un riesgo potencial para los hábitats de la playa, entre ellos los que usan las tortugas marinas para anidar.
El detalle que decidió el caso fue un papel. Durante la diligencia, la persona responsable de las obras no mostró la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el permiso que se exige antes de construir en un ecosistema costero precisamente para evaluar si el proyecto daña el entorno y cómo evitarlo. Sin ese documento, la Profepa aplicó una medida de seguridad prevista en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: la clausura total temporal de obras y actividades, con el sello correspondiente colocado en el predio. La dependencia dará seguimiento al procedimiento administrativo, analizará los hechos y las pruebas, y determinará responsabilidades y medidas.
El caso de Patzcuarito llega en una costa que ya conoce este escenario. En Sayulita, una inspección de la Profepa en marzo de 2025 detectó que un muro de roca y cemento de 35 metros, levantado sobre la zona federal en la playa Los Muertos, no tenía permisos ni manifestación de impacto ambiental. Tras meses de denuncias de vecinos preocupados por el bloqueo del acceso, las autoridades de los tres niveles de gobierno lo derribaron en junio. Ese mismo año, el gobierno de Bahía de Banderas clausuró en Sayulita una obra por reincidencia, después de que se desacatara una clausura previa.
La lista sigue por la bahía. En San Pancho, la Profepa clausuró en 2025 una obra después de que un video en redes mostrara a una mujer extranjera diciéndole a una familia mexicana que estaba en propiedad privada; la dependencia recordó que las playas del país son bienes nacionales de uso público. En mayo de 2025 se frenó la construcción de un espigón en la playa de Huanacaxtle, en Bucerías, por falta de autorización de impacto ambiental. En agosto de ese año se clausuraron obras en la playa La Cocina, en Punta Mita, y reportes posteriores señalan que la obra se reactivó tras recursos legales de la empresa. En San Blas, en octubre de 2025, se clausuraron dos obras sin autorización en Las Islitas, que afectaban casi 600 metros cuadrados. Y en un operativo simultáneo en 14 estados, la Profepa clausuró en noviembre de 2025 dos predios de Bahía de Banderas por relleno de humedales.
El patrón que dejan esos antecedentes es claro, el litoral nayarita es atractivo, está bajo presión y es vigilado de cerca. Muchas de estas clausuras, además, nacen de denuncias de vecinos y organizaciones que miran su playa y se preguntan quién la está cambiando y con qué permiso.
Esta vez, en Patzcuarito, hay un sello en el predio y un procedimiento en marcha. Falta saber en qué termina. Mientras tanto, la playa que se alcanza caminando, entre palmeras e iguanas, sigue ahí, con un cartel nuevo que dice que para construir hay que pedir permiso primero.
