Por José Luis Olimón Nolasco

En medio de una lucha por dominar las narrativas acerca de diversos ámbitos de la realidad nacional, uno de los centros de atención lo constituyen las narrativas en el tema de la seguridad-inseguridad.

Por un lado, encontramos, por ejemplo, las constantes referencias mañaneras —repetidas a lo largo del día, en redes sociales y medios de comunicación [que, ahora y aquí, son adjetivados ya como] tradicionales— a los avances que se están dando en la presente administración en esa materia, mostrando, obviamente, aquellos rubros en los que, al menos en un momento determinado, se puede afirmar que se avanza, y procurando contrastar esos datos con lo que sucedía en el pasado cuando se puede evidenciar que estaban peor, al menos en algún momento, porque no suele dársele seguimiento a esos mismos rubros a lo largo del tiempo. Dicho en otras palabras, se suelen ofrecer fotografías instantáneas, no videos.

Por el otro, obviamente también, se suelen presentar cifras de rubros de alto impacto que muestran que los avances que se “cacarean” a la salida del sol, se nublan al mediodía y se sumen en la oscuridad al atardecer frente a “otros datos” tan o más contundentes que los oficiales, con el plus de que suelen acompañarse de algún tipo de argumentación y fundamentación, lo que permite a quienes tienen una conciencia crítica medianamente desarrollada, al menos, dudar del discurso oficial, sin por ello, asumir ingenuamente, el discurso “de los de enfrente”.

Pues bien, en medio de esa lucha por el control de la narrativa —en la que sin duda, el discurso oficial sale airoso generalmente debido a su mayor difusión y a la habilidad retórica de su actor principal, basada en la descalificación, en la autoridad moral de quien está con el pueblo y no miente y en las expresiones simples y pegajosas que lo constituyen— es sano que siga habiendo, al menos en algunos temas, exploraciones serias, profesionales y comprometidas con la verdad hasta donde es posible, de lo que está pasando algunos de los ya mencionados ámbitos de realidad.

Un buen número de estas exploraciones de la realidad se siguen haciendo en una de las instituciones que han conservado un importante grado de autonomía y de profesionalismo: el INEGI, cuyo presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 se verá disminuido en un 14%.

Por ello, en estas “palabras” me quiero referir a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana [ENSU] levantada por ese organismo público autónomo “responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica” entre el 30 de mayo y el 15 de junio de 2022 y publicada el pasado 19 de julio.

Lo primero que hay que decir es que se trata de un instrumento que mide percepciones, no hechos, de manera que alguien que vive en un entorno violento pudiera no sentirse tan inseguro y alguien que vive en un entorno medidamente seguro, pueda percibirlo como un entorno inseguro, si bien, lo normal es que haya una correlación entre las condiciones de seguridad-inseguridad y las percepciones correspondientes.

Al inicio del comunicado de prensa, el INEGI destaca tres de los resultados de la encuesta:

En junio de 2022, el 67.4% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, lo que representó un aumento del .8% en relación con el porcentaje registrado en el mes de marzo, un aumento que el propio INEGI considera “estadísticamente significativo”.

Desde la perspectiva de género, la percepción de inseguridad al vivir en su ciudad fue mayor en las mujeres [72.9%] que en los varones [60.9%].

Las ciudades en que sus habitantes se sintieron más inseguros en ese mes de junio fueron: Fresnillo [97.2%]; Zacatecas [90.4%]; Ciudad Obregón [89.7%]; Irapuato [89.7%]; Cuautitlán Izcalli [89.0%] y Colima [87.5%] mientras San Pedro Garza García [15.1%]; Benito Juárez [24.2%]; Tampico [27.6%]; Piedras Negras [28.5%]; Saltillo [29.8%] y Los Cabos [30.7 %] fueron las ciudades en que sus habitantes se sintieron menos inseguros, sin que el hecho que casi uno de cada tres habitantes se sienta inseguro en su ciudad, no es un dato que se pueda presumir.

Cabe señalar que, de acuerdo con la ENSU, la percepción de inseguridad en Tepic pasó de 39.5% en marzo de 2022 a 40.0% en junio y en Puerto Vallarta [relevante por su cercanía con Nayarit], la percepción de inseguridad pasó de 26.4% en marzo de 2022 a 41.0% en junio, un aumento, verdaderamente significativo.

Los lugares en que la población se siente más insegura son: los cajeros automáticos localizados en la vía pública [76.5%]; el transporte público [70.9%] y los bancos [62.6%].

En cuanto a las expectativas de la población en relación con la seguridad pública, el 34.6% de la población urbana consideró que la situación de la delincuencia y la inseguridad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses; 28.5% consideró que empeorará; 22.1% que la situación mejorará y 13.5% que la situación seguirá igual de bien.

Haber sido testigo de conductas delictivas o antisociales es otro de los rubros que explora la ENSU. A este respecto, durante el segundo trimestre del presente año, el 62.7% de la población dijo haber visto consumir alcohol en las calles; robos o asaltos, el 56.3%; vandalismo en viviendas o negocios, el 43.1%; venta o consumo de drogas, 41.1%; disparos frecuentes con armas, 39.1%.

Sin salir de la perspectiva de las percepciones, la impresión que me dejan estos datos es que la percepción de inseguridad en la población urbana en nuestro país se puede considerar alta, lo que le daría la razón a quienes sostienen que el problema de la inseguridad sigue siendo grave y que, a pesar de lo que se repite “de mañana”, contrasta con lo que se percibe a lo largo del día.

Sin embargo, si se observa el primer gráfico que se ofrece en el comunicado del INEGI en el que presenta los resultados de la ENSU del segundo trimestre del año se puede, por un lado, decir que la percepción de inseguridad está más baja que en marzo de 2018 y, por otro, que ha aumentado significativamente entre septiembre de 2021 y junio de 2022.

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