Por Francisco Javier Rivera Casillas*
Un 25 de septiembre del año 2015 asumí la magistratura en la judicatura nayarita. En mi discurso ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia expuse cuáles serían las premisa que guían mi desempeño.
Hay constancia que entre otros tópicos me pronuncié por la emisión de un código de ética judicial; de transitar a mejores estándares en la transparencia y en el combate a la corrupción, así como a la mejora metodológica en la emisión de las sentencias.
Señalé en aquella ocasión, que después de más de 15 años de servicio en el Poder Legislativo, iniciaba a escribir mi propia biografía al seno del Poder Judicial y que al final del período quien tendría que evaluar mi desempeño sería el escrutinio de la sociedad, que es a la que nos debemos.
Al cumplir siete años en la función debo cuestionarme en qué he contribuido para mejorar la administración de justicia en Nayarit.
Debo decir con plena honestidad que en lo individual a diario pongo todo el empeño por realizar de la mejor manera la alta responsabilidad que se me confirió.
Obviamente autoevaluarme podría resultar subjetivo, por ello únicamente lo que pretendo con la interrogante es colocar en su justa dimensión lo que implica la oportunidad histórica de servir a la sociedad.
Por lo anterior, asumo que es la propia sociedad la que tiene la última palabra y habrá que escucharla y sobre todo atenderla.
Ahora bien, en lo colectivo y como integrante de un colegio, puedo dar mi opinión y ser enfático al decir que no hemos respondido a las exigencias que imprime el vertiginoso dinamismo social.
Me atrevo a señalar lo anterior, porque a diario dejamos pasar la valiosa oportunidad de transitar del simple cumplimento de nuestras obligaciones a la determinación de impulsar una evolución institucional de fondo y con altura de miras que coloque al Poder Judicial como un referente nacional, donde el centro de la prioridad y de toda estrategia sea el justiciable.
Me ha correspondido a lo largo de estos siete años acompañar a tres generaciones de magistrados, los nominados por los ex gobernadores Ney González Sánchez, Roberto Sandoval Castañeda -quien me distinguió con su nominación- y Antonio Echevarría Garcia.
No tengo duda que cada magistrado llega a la función con los mejores propósitos y negar algunos avances sería injusto. Pero son sólo eso, avances que se logran por emplazamientos que nos impone la propia ley; algunos ejemplos son la oralidad penal y próximamente la justicia laboral.
Desde mi perspectiva, la lógica de mejora continua debe ser acompañada por una agenda de trabajo donde el protagonista e impulsor de los cambios paradigmáticos del Poder Judicial sean sus propios servidores públicos.
Dicho de mejor manera, disposición, imaginación, talento y capacidad existe.
Pensar en un Poder Judicial innovador, moderno, eficiente, honesto y sobre todo con trato digno hacia los justiciables es posible. Está a nuestro alcance.
La evaluación del desempeño de un magistrado no debe ser vista de manera circunstancial y únicamente como un mecanismo que ofrece la ley para ratificarse en el cargo; debe ser la constante y periódica práctica para que con indicadores objetivos se puedan ofrecer mejores resultados.
No permitamos que el tiempo siga pasando, atajemos el momento y hagamos valer la inmejorable oportunidad de servir.
¡Nosotros tenemos la palabra!
* Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit.
