Por José Luis Olimón Nolasco
En un contexto en que los “días de…” se han multiplicado de manera notable, es cada vez más difícil ser capaces de saber qué se celebra tal o cual día —fuera de las fechas tradicionales de carácter global, nacional y local—; y no solo eso, sino que, no siempre es fácil distinguir los casos que una fecha conmemorativa determinada tiene carácter celebrativo y cuando tiene como intención hacer conciencia acerca de determinadas problemáticas que requieren atención y solución.
Uno de esos casos es el 8 de marzo declarado Día Internacional de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas, dos años después de que, en el seno del Año Internacional de la Mujer [1975], cuyo propósito no es celebrar a las mujeres del mundo, sino con la necesidad urgente de reconocer, promover, defender y garantizar sus derechos, los que serían explicitados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1979.
Pues bien, estas “palabras” las he querido encabezar con una fecha conmemorativa [algo así como hacer memoria juntos]: 25 de noviembre, una fecha que —siempre en ese contexto de toma de conciencia de la inaceptabilidad de la situación de millones de mujeres en el mundo y teniendo como referencia concreta el asesinato de las hermanas Mirabal [Patria, María Teresa y Minerva] por instrucciones de Rafael Leónidas Trujillo, Presidente de la República Dominicana— se declaró, en el año 2000, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo propósito consiste, precisamente, en ir eliminando todas las formas de violencia contra las mujeres, hasta erradicarlas de la faz de la tierra.
En cuanto a las formas de violencia que conforman ese “todo”, en un primer momento, se explicitaron tres tipos de violencia: física, sexual y psicológica y, posteriormente, se explicitó una cuarta forma de violencia contra las mujeres: la violencia patrimonial.
Por otro lado, a partir de la exploración y del análisis del fenómeno de la violencia contra las mujeres, se ha caído en la cuenta de que se trata de un fenómeno global, es decir, que está presente, con distintas configuraciones, en todas las regiones del mundo; de que se trata de un fenómeno que afecta a un gran número de mujeres, así como a lo largo de la vida y de que hay algunas condiciones específicas que aumentan la probabilidad de sufrir violencia y de que la violencia revista mayor gravedad: niñas, mujeres adultas mayores, mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, mujeres migrantes y refugiadas, de pueblos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas que viven con el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tienen alguna discapacidad, y aquellas que viven en situaciones de crisis humanitaria.
En fechas recientes, en nuestro país, algunos nombres de mujeres jóvenes, víctimas de feminicidio —Ariadna Fernanda, Debanhi, Lesvy Berlín— se han hecho presentes en los medios de comunicación que ahora se pueden denominar tradicionales y en los de nueva generación [las redes sociales]…
Sin embargo —como en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa— esos tres nombres, nos remiten a tres mujeres jóvenes privadas violentamente de su vida, al dolor, la angustia, la impotencias y la indignación de sus familiares, amigos, compañeros y, de alguna manera, a la sociedad mexicana en su conjunto, en la que las cifras de mujeres que han sido privadas de la vida —la forma más grave de violencia contra ellas— alcanzan números preocupantes: 56,000 entre 1990 y 2019; más de 5,000 entre 2017 y 2022 y 2,847 de enero a septiembre de 2022.
Por supuesto, a esas cifras, es preciso añadir todas aquellas que tienen que ver con el resto de los tipos de violencia ejercida contra las mujeres…
A este respecto, en la presentación “Indicadores básicos sobre la Violencia contra las Mujeres” del Grupo Interinstitucional de Estadística de junio del presente año, se destaca, ante todo que 2 de cada 3 mujeres de quince años o más [66%], ha sufrido algún tipo de violencia y que una de cada 5 mujeres de 18 años o más [20%] enfrentó alguna situación de acosa personal o de violencia sexual en lugares públicos.
En un acercamiento más puntual que el antes mencionado, se señala que entre 2015 y 2028 hubo un aumento sostenido de presuntas muertes violentas de mujeres, el cual pasó de 150 a 360 por mes y, si bien reconoce que a partir de entonces se observa una tendencia descendente, subraya que durante el mes de mayo de 2022 se registraron 349, una cifra solo superada por las 383 de septiembre de 2021. En relación con los presuntas muertes violentas de mujeres, cabe mencionar el saldo blanco del Estado de Nayarit entre los meses de enero y mayo de 2022.
Otros datos espeluznantes tiene que ver con las mujeres víctimas de lesiones dolosas [quité de la denominación el término “presuntas”, ya que aunque es importante desde el punto de vista jurídico, desde otro punto de vista, le resta fuerza a los datos y a la toma de conciencia y acción consecuente]: entre enero y mayo de 2022 se registraron 27,555 casos, un número relativamente semejante al registrado en el mismo periodo en años anteriores.
En el rubro de los delitos relacionados con la violencia sexual, se muestra un incremento notable entre las cifras de 2015 [13,015] y de 2022 [34,049] para los periodos de enero a mayo, lo que representa un aumento del ¡261%!
El comparativo del periodo enero-mayo desde 2016 hasta 2022, por su parte, muestra también un incremento impresionante en el registro de llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres: 32,703 en 2016 frente a 141,160 en 2022: un aumento del ¡432%!
Sin duda un escenario terrible que se agrava más aún si se pasa revista —como lo hace Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar en un artículo periodístico reciente— a los factores que contribuyen a la perdurabilidad de la violencia contra las mujeres y a la impunidad:
Las instituciones incapaces de garantizar lugares seguros para las mujeres.
El sistema que labra la voluntad feminicida de los violentadores.
Los peritos, los fiscales, los forenses con los lentes de la misoginia bien puestos.
La corrupción de quien ofrece y brinda protección al feminicida que puede pagarla.
Los comunicados y declaraciones oficiales que revictimizan, estigmatizan y culpabilizan.
Las cifras alegres que maquillan la violencia feminicida.
Los reportajes que convierten la muerte en mercancía para venderla al morbo…
