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Monitor Político | La deuda de México nos afecta

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Por Julio Casillas Barajas

Como sabemos, y ya estamos preparados para ello, las elecciones en México para el año 2024 se llevarán a cabo el domingo 2 de junio. El horario para votar será a partir de las 08:00 y hasta las 18:00 horas de este día. Pese a las buenas intenciones oficiales y a la incredulidad ante posibles malos resultados, el tema financiero no deja de preocupar a los especialistas. Habrá “fiesta electoral” frente a un ambiente sombrío y un futuro nada halagüeño en el terreno de los pesos y los centavos. “Cuando el río suena es que agua lleva”, decían nuestros abuelos.

Hay una realidad: la deuda pública de México para el año 2024 se estima que equivaldrá entre el 14% y el 19.2% de los ingresos presupuestarios, por lo que el costo del servicio de la deuda pública en México es sumamente elevado. Analistas suponen que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recurrirá a más y nueva deuda en 2024, ya que los recursos económicos para el gasto y los proyectos de infraestructura no serán suficientes, además de lo dicho por varias fuentes consultadas. 

La insuficiencia de ingresos del sector público para financiar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es significativa y equivale a 1.73 billones de pesos de financiamiento, es decir endeudamiento neto del sector público.

DAÑOS COLATERALES

Así, la deuda pública es un tema complejo y puede tener implicaciones en la economía del país. En general, la deuda pública puede afectar a los ciudadanos mexicanos de las siguientes maneras: 1. Aumento de impuestos. El gobierno puede aumentar los impuestos para pagar la deuda pública, lo que puede afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos; 2. Disminución del gasto público. El gobierno puede reducir el gasto público para pagar la deuda, lo que puede afectar la calidad de los servicios públicos; 3. Inflación. Si el gobierno imprime más dinero para pagar la deuda, puede haber un aumento en la inflación, lo que puede afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos; 4. Menor inversión. El gobierno puede destinar menos recursos a la inversión en infraestructura y otros proyectos, lo que puede afectar el crecimiento económico y el empleo. 

En términos llanos, preocupa a las clases más necesitadas que la deuda provoque un mayor costo de vida. Si esta (la deuda) no se maneja adecuadamente puede haber un aumento en el costo de vida, lo que puede afectar el bienestar de los ciudadanos. En resumen, la deuda pública en México es sumamente elevada y el costo del servicio de la deuda es significativo.

De acuerdo a informaciones especializadas, México tuvo dos crisis de deuda en el último cuarto del siglo XX. La primera, en 1982, cuando no pudo cumplir con el pago de su deuda externa, que rondaba el 60% de su producto interno bruto, con un déficit fiscal de 16%. 

La segunda, al final de 1994, llamada coloquialmente del “tequila”. Su origen fue el sector bancario, pero se propagó hacia el sector gubernamental por la estructura de la deuda. Desde 1993 había una fragilidad en la banca nacional que incurrió en actividades riesgosas por no tener una regulación sólida. Era la época de desregulación a ultranza.

Desde 1989 el gobierno emprendió un desendeudamiento importante utilizando los recursos de la privatización de poco más de mil empresas en manos del Estado. Como consecuencia, para 1994 se tenía una deuda en mínimos históricos, de 27% del PIB. No obstante, los mercados internacionales se encontraban nerviosos por el estatus que guardaba el sistema bancario y ofrecían sólo préstamos de corto plazo, indizados al tipo de cambio. Era una señal clara de que no confiaban en el país ni en su sistema financiero. El 21 de diciembre de 1994 el ataque especulativo ocurrió y se desató la crisis. Las tres lecciones que dejaron ambas crisis han servido para analizar el endeudamiento soberano en cualquier nación.

El pago de los intereses de la dificultad pública de México (también llamado costo financiero) en 2024 será de 1.263 billones de pesos, una cifra que representará más del 14% del gasto del sector público, estimado en 9.022 billones.

ELECCIONES Y PROPUESTAS

Por ello, deberemos estar bien atentos a las propuestas de los partidos y/o candidat@s para vislumbrar la especial atención que le ponen a este problema. Como muy poco visionarios los percibimos; ya nos muestran despilfarro, gastos excesivos, poca transparencia en el destino del dinero destinado a campañas, y opacidad para que el pueblo desconozca el origen lícito o ilícito de esos recursos. Y no es un buen comienzo. En lugar de poner el ejemplo de limpieza y honestidad lo que se ve son otras cosas por todos lados rompiendo con la ley y superando los topes de campaña. El dinero es público y los aspirantes y sus partidos están obligados a la honradez y a la adecuada rendición de cuentas, máxime que hay un problemón de deudas muy elevadas que se cierne sobre el panorama nacional, así lo oculten los funcionarios.

VEREMOS Y DIREMOS.

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