A diferencia de los años precedentes, en los más recientes se ha dejado de hacer mención de los “poderes fácticos” referidos de manera especial al poder de los ultrarricos y al poder de los medios de comunicación masiva.
Sin embargo, se puede afirmar ―con pretensión de verdad y con una alta probabilidad de que lo dicho corresponda a la realidad― que en la presente administración se ha fortalecido un poder que ha estado ahí durante mucho tiempo, pero que se ha convertido en algo a lo que bien puede corresponder el término “poder fáctico”, entendido como una fuerza con una influencia significativa en el ámbito social, político y económico: el poder de las fuerzas armadas, tanto legales como ilegales.
A reserva de dedicar algunas “palabras” a las fuerzas armadas ilegales, en las que aquí inicio, me limitaré a explorar la dinámica del fenómeno de la militarización particularmente a lo largo de un sexenio que se inició con la promesa del “regreso de los militares a los cuarteles” ―lo que en concreto significaba retirarles de la encomienda de colaborar en el ámbito de la seguridad pública― teniendo como fuentes la Revista Ibero de febrero y marzo de 2024, dedicada al tema “la militarización del país y el riesgo para los derechos humanos” y el libro “Érase un país verde olivo” [en el que me inspiré para el título de esta colaboración como es obvio].
Como en la casi totalidad de los casos y las cosas, en torno a la militarización hay quienes niegan que se esté dando y quienes no solo sostienen que se está dando, sino que se está incursionando en su “etapa superior”: el militarismo.
Por eso, para los efectos de estas “palabras” creo que es importante precisar de qué se está hablando cuando se habla de militarización y de militarismo, sin que esa significación se erija como la mejor y, menos aún, como la única…
En este caso, hago mías, con alguna variante pequeña quizás, las definiciones claras y distintas [Descartes “dixit”] que ofrecen Daira Arana y Lani Anaya en un texto que aparece en la página electrónica de la revista “Nexos” fechada el 16 de noviembre de 2020:
Militarización: proceso mediante el cual diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares, los problemas se observan desde una perspectiva de amenaza o enemigo y se recurre a las dinámicas bélicas para solucionarlos.
Militarismo: fenómeno que consiste en la preponderancia del poder militar sobre el poder civil en términos políticos y en donde la esfera castrense influye en la toma de decisiones políticas del Estado más allá de las del sector seguridad y defensa.
Quienes sostienen que en nuestro país se ha venido dando un proceso de militarización que se ha acelerado durante la presente administración, el hecho al que se hace referencia más frecuente es el de la transferencia de funciones del ámbito civil al militar, una transferencia que se remonta a la encomienda al ejército desde la década de los setenta de tareas de protección y auxilio a la población civil en caso de desastres naturales, la cual buscaba ofrecer “otra cara” de una institución que había tenido ―y seguiría teniendo― entre sus misiones principales la represión de movimientos sociales y, en el caso de la intervención en tareas de seguridad, desde la década de los noventa.
En uno de los capítulos del libro antes referido, se menciona el Inventario Nacional de lo Militarizado del CIDE en el cual se pueden identificar 197 registros de transferencia de funciones civiles a las fuerzas armadas entre 2006 y mayo de 2023: 19 durante el sexenio de Felipe Calderón; 74, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y 104 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Estas funciones transferidas son de tres tipos: de seguridad pública, de obra pública y de funciones administrativas u operativas.
En este tercer tipo de funciones transferidas, en el presente sexenio esta transferencia tiene que ver con áreas críticas: ingreso, tránsito y salidas de personas y mercancías del territorio nacional: aeropuertos, puertos, aduanas y migración.
Esta transferencia tiene su fuente en la convicción presidencial que el aparato administrativo civil es lento, resistente al cambio, sin vocación de servicio y corrupto, mientras las fuerzas armadas surgen del pueblo, son leales, disciplinadas e incorruptibles.
Esta convicción ―compartida por amplios sectores de la población― implica serios desafíos para el modelo de seguridad ciudadana ya que contribuye a diluir la frontera entre lo normal y lo excepcional, dificulta la ideación de alternativas civiles deseables y el revertir la tendencia militarista en el mediano plazo.
De acuerdo con Santiago Aguirre [Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.] en su artículo de la revista Ibero, desde la creación de la Guardia Nacional en 2019, “se han aprobado más de diez cambios legales de profundo calado. Estas reformas han sido acompañadas de un notorio aumento presupuestal; de un renovado protagonismo en la vida pública; y de un nulo fortalecimiento de los controles civiles externos que deberían asegurar que esta nueva ampliación de la presencia militar no genere ni opacidad ni impunidad”.
En el mismo artículo, reconociendo que las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas “han descendido parcialmente respecto de los últimos tres lustros”, señala que el número de personas privadas de la vida en eventos donde el ejército hizo uso de la fuerza podría situarse, de 2019 a los inicios de 2024 en 780.
El otro artículo de la revista Ibero al que quiero hacer referencia es el de Ernesto López Portillo Vargas [Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México] en el que remite a materiales de las discusiones teóricas y la evidencia empírica recabada por el PSC que cuestiona “la vía militar” en donde se puede encontrar “el recuento preciso de cada una de las centenas de tareas propias de instituciones públicas civiles que han sido indebidamente transferidas a manos militares, pasando por relatos con testimonios en terreno que confirman la coexistencia del despliegue militar con la delincuencia organizada, los recuentos presupuestales que exhiben el crecimiento inédito de recursos públicos bajo control de las Fuerzas Armadas, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el persistente conflicto entre ellas y los derechos humanos, la Constitución y normas secundarias tan relevantes como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”.
Hacia el final de su artículo, su autor se pregunta: “¿Qué clase de país modifica la relación entre los poderes públicos civil y militar, por encima de los parámetros de su democracia constitucional de derechos, sin pasar por un filtro de racionalidad precisamente democrático soportado en robustos contrapesos que fuercen la rendición de cuentas?” Y responde, lacónicamente: “El nuestro”.
