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Estancado el Estado de Derecho en la mayoría de México

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El World Justice Project (WJP) presentó la sexta edición del Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2023-2024, analizando la situación del Estado de Derecho en 32 entidades federativas del país. Dicho informe destaca que, a pesar de los esfuerzos, la mayoría de las entidades no mostraron avances significativos y reflejó un estancamiento.

Presentado en el Museo Franz Mayer, el informe tuvo la participación de distintos funcionarios, quienes destacaron tanto los avances como los desafíos persistentes. Alejandro González, jefe global de incidencia del WJP, indicó que, a pesar del estancamiento general, existen casos de éxito en algunos aspectos del Estado de Derecho. Estos casos serán estudiados para comprender cómo han logrado destacar en un entorno mayoritariamente inmóvil.

También se destacó que, a pesar de los esfuerzos realizados, la mayoría de las entidades mostraron un estancamiento en materia de Estado de Derecho. Para ello, es importante entender algunos puntos claves:

  • En materia de estancamiento general: Solo cinco entidades aumentaron su puntaje general, 14 lo mantuvieron y 13 lo disminuyeron.
  • En materia de derechos laborales: 19 estados han mejorado en la garantía de derechos laborales.
  • En materia de corrupción: 20 estados disminuyeron su puntaje en la ausencia de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia.
  • En materia de seguridad: 24 estados incrementaron su puntaje en percepción de seguridad y dos lo mantuvieron.
  • En materia de justicia penal: el proceso se fue debilitando, con 17 estados bajando su puntaje.

Los estados siguen por debajo de 0.5, según el índice en el Estado de Derecho, con una puntuación promedio general de 0.41. QuerétaroGuanajuato Aguascalientes obtuvieron los mejores puntajes, mientras Quintana RooMorelos Estado de México se ubicaron en las últimas posiciones.

No obstante, en el ámbito de los derechos laborales, 19 estados mostraron mejoras significativas. Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, enfatizó la importancia de la inspección del trabajo como herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.

A su vez, la ausencia de corrupción sigue siendo un desafío importante, según indica el informe del World Justice Project (WJP). Con 20 estados bajando su puntaje, especialmente en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia. Guillermo Noriega, secretario de la Contraloría General del Gobierno de Sonora, resaltó los esfuerzos realizados en su estado para combatir la corrupción mediante la revisión de manuales de procedimientos y la implementación de controles más estrictos.

En términos de orden y seguridad, la percepción de seguridad de la población mejoró en 24 estados. Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, subrayó la necesidad de no dejar impunes a quienes comenten un delito, al tiempo que se creen oportunidades para su reinserción en la sociedad.

Pero, en el área de justicia penal se continúa enfrentando serios retos. Así, 17 estados fueron debilitados en el área del debido proceso y las investigaciones de delitos, estas continúan siendo el rubro con el puntaje promedio más bajo del índice. Sobre este tema, Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, remarcó la importancia de una reforma al sistema judicial abierto en su estado para fortalecer la justicia penal.

Igualmente, el informe reveló el deterioro en el Gobierno abierto, con 22 estados que disminuyeron su puntaje debido a la falta de mecanismos para la participación ciudadana. A pesar de esto, estados como Tlaxcala, Nuevo León y Guerrero mostraron mejoras en dicha área desde 2018. Finalmente, en el ámbito de la justicia civil, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se fortalecieron en 17 estados, convirtiéndose en herramientas efectivas para la resolución de conflictos.

Concluyendo, el informe del WJP recalcó la necesidad de continuar fortaleciendo el Estado de Derecho en México. De esta forma, destacan tanto los desafíos persistentes como los casos de éxito que pueden servir de modelo para otras entidades.

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