Francisco Haro Beas, actual secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN) está en el ojo del hucarán. Más aún si al candidato suyo a sucederlo en la responsabilidad no es favorecido con el voto mayoritario. Todo apunta para allá. Porque el descontento con la opacidad financiera en la organización sindical y los abusos que afectan a la institución podría llevar a denuncias formales.
Su activismo en el proceso sucesorio pretende desviar la atención ante insistentes y documentados señalamientos sobre su gestión, entre ellos, prácticas que podrían ser contrarias a la normatividad sindical y a los principios de legalidad y transparencia.
Como líder en funciones, su activismo representa un conflicto de interés y un uso indebido de su posición para influir en la contienda, afectando la equidad del proceso y sembrando desconfianza entre el personal académico. Pero lo grave es lo que necesita ocultar.
Uno de los señalamientos más recurrentes contra su administración es la exclusión de docentes que solicitaron su reincorporación al sindicato en tiempo y forma, pero que fueron bloqueados por la dirigencia actual, presuntamente para impedir su participación en las elecciones. A ello se suma la asignación de más de cien reclasificaciones fuera de convocatoria, las cuales habrían favorecido a exdirectores y exsecretarios seccionales, con la intervención de su sobrino, Juan Carlos Mariscal Haro, quien fungió como secretario de Finanzas en la administración rectoral anterior.
Asimismo, persiste la preocupación por la falta de claridad en el manejo de aproximadamente 70 millones de pesos en recursos sindicales, entre aportaciones de los agremiados, rentas de locales y apoyos institucionales. Durante seis años de gestión, no se han presentado informes detallados sobre el destino de dichos fondos, lo que ha generado una creciente desconfianza entre los afiliados.
Otro foco de crítica se encuentra en la Facultad de Contaduría y Administración, donde Haro Beas ha concentrado una fuerte influencia política y administrativa. Señalamientos apuntan a que familiares, amigos cercanos e incluso su esposa —quien ha sido acusada de ausentismo y baja productividad académica— ocupan plazas con altos niveles salariales y escasa carga de trabajo.
La comunidad universitaria ha exigido una rendición de cuentas transparente y con base en las leyes que rigen la función pública y sindical, como la Ley General de Transparencia, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese sentido, los docentes demandan una pronta aclaración de los hechos y acciones firmes que garanticen la legalidad y el correcto funcionamiento del sindicato.
