No sé si sea necesario que las leyes lleguen a tanto, pero a veces hacen falta para que los humanos seamos mejores humanos. El caso ocurrió en Brasil: Agostina Páez, turista argentina de 29 años, estaba de vacaciones en Río de Janeiro con unas amigas cuando, en un bar cercano a la playa de Ipanema, al recibir la cuenta notó lo que parecía un error en el cobro.
Comenzó una discusión con el mesero, al que —según la denuncia de la Fiscalía— llamó “negro”. La situación empeoró cuando, al retirarse del local, lo llamó “mono” imitando los gestos y sonidos de un macaco. El empleado ofendido tuvo la precaución de grabarlo todo.
Lo hizo porque sabía que podía denunciar. Ella, en cambio, ignoraba que en Brasil los insultos racistas son un delito grave. Las cifras hablan por sí solas: en 2025 se presentaron más de 8 mil 500 denuncias por esta causa, ninguna tan resonada como la de Agostina.
De acuerdo con la nota de El País, firmada por Naiara Galarraga Gortázar desde São Paulo y Mar Centenera desde Buenos Aires, Páez se encontraba desde enero en arresto domiciliario en Río de Janeiro. En la primera audiencia, la Fiscalía redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de una reparación a la víctima, según declaró la abogada de esta última, Carla Junqueira, a la salida de los tribunales. Es probable que, además de que el alma le haya vuelto al cuerpo, Agostina pueda pronto regresar a Argentina.
La turista fue acusada inicialmente del delito de injuria racial, tipificado en el Código Penal brasileño desde hace casi tres décadas. En 2023, la pena por “injuriar a alguien por su raza, color, etnia o procedencia nacional” fue ampliada a entre dos y cinco años de prisión.
La pieza clave del caso fue el video: en él se ve con claridad a Agostina haciendo las burlas. Su actitud cambió radicalmente cuando la detuvieron; llegó incluso a afirmar que todo había sido una broma dirigida a sus amigas. La policía llegó a una conclusión distinta tras revisar la grabación e interrogar a varios testigos. Le colocaron una tobillera electrónica, le confiscaron el pasaporte y le prohibieron salir del país.
Vale la pena señalarlo: los insultos racistas no son inusuales en Argentina, pero la legislación local no contempla penas para ellos, a diferencia de lo que ocurre en Brasil.
La fiscal del caso, Fabiola Tardin Costa, explicó su postura ante los medios: “El objetivo de mi acusación es demostrar que nuestro país está comprometido con la lucha contra el racismo, sin descuidar la importancia de garantizar el derecho de la víctima a la reparación”. La abogada de la turista, por su parte, aseguró que su clienta “ha demostrado un arrepentimiento sincero, ha pedido disculpas y buscó comprender las consecuencias de su actitud”.
Quien se entere de esta historia seguramente se lo pensará dos veces antes de lanzar un insulto racista, al menos en Brasil. Quién sabe: quizá en otras latitudes también necesitemos leyes así para mejorar la convivencia.
