Una reforma necesaria con un debate mal encuadrado
La aprobación de la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su réplica en el artículo 137 de la Constitución de Nayarit, ha generado un debate que en términos generales apunta en la dirección correcta pero que, aplicado al ámbito municipal, describe un problema que no existe con esa intensidad y elude el problema que sí existe con toda su urgencia.
Las llamadas pensiones doradas, como se nombra a las jubilaciones mensuales de cientos de miles o incluso millones de pesos financiadas con recursos de Pemex, CFE o Luz y Fuerza del Centro, son una realidad documentada en el sector paraestatal federal. Nadie con seriedad puede defender que esos montos sean proporcionales ni sostenibles. La reforma que las acota tiene respaldo legítimo en los principios de austeridad y uso honesto del erario público.
El problema es que ese diagnóstico, correcto para los grandes organismos federales, se ha trasladado sin matices al ámbito municipal, generando una alarma que en ese contexto específico no corresponde a la escala real del fenómeno, y que distrae la atención de un riesgo estructural mucho más profundo y urgente que nadie está nombrando con suficiente claridad.
En los municipios de Nayarit no hay pensiones de un millón de pesos. El problema es que no existe el fondo para pagarlas.
Las pensiones municipales: dimensionando el fenómeno real
Ninguno de los 20 municipios del estado de Nayarit registra pensiones o jubilaciones de personal municipal que superen, en términos ordinarios, los cien mil pesos mensuales. Más aún: si el parámetro aplicable para el tope fuera la remuneración de la Presidenta de la República (aproximadamente ciento noventa y tres mil pesos brutos mensuales conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026) el límite del cincuenta por ciento resultante, cercano a los noventa y seis mil pesos, estaría por encima del universo prácticamente total de pensiones municipales nayaritas actualmente en pago.
Dicho de otra forma: bajo el parámetro federal, la reforma no afectaría materialmente a casi ningún pensionado municipal de Nayarit. La discusión sobre pensiones doradas en los Ayuntamientos nayaritas es, en gran medida, una discusión sobre un problema que en esa escala no existe.
La advertencia debe hacerse con una precisión importante: esa conclusión cambia si el parámetro que se aplica no es la remuneración del Ejecutivo Federal sino la del Ejecutivo Estatal. El texto del Decreto nayarita (a diferencia de la norma federal, que utiliza una sola fuente) hace referencia a «la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal y Estatal». La remuneración del Gobernador de Nayarit ronda los ochenta mil pesos mensuales. Si ese fuera el parámetro relevante, el tope se situaría en torno a cuarenta mil pesos, y el número de pensionados municipales afectados crecería de forma significativa. Esta ambigüedad en la redacción del Decreto local (que la reforma federal no tiene) es un problema jurídico serio que merece atención legislativa urgente. Pero incluso en ese escenario, la magnitud del daño es limitada comparada con el riesgo estructural que se describe a continuación.
| DATO CLAVE: Si el parámetro es la remuneración de la Presidenta (~$193,706 pesos brutos), el tope resulta de ~$96,853 pesos. Bajo ese criterio, prácticamente ningún pensionado municipal nayarita resulta afectado. Si el parámetro es la remuneración del Gobernador (~$80,000 pesos), el tope cae a ~$40,000 pesos y el impacto aumenta considerablemente. La ambigüedad del Decreto local (que cita ambas fuentes sin resolver cuál prevalece) es el verdadero riesgo jurídico inmediato para los trabajadores municipales. |
El problema real: pensiones sin fondo
La verdadera emergencia financiera de los municipios nayaritas en materia de pensiones no radica en el monto de las prestaciones. El problema es la ausencia absoluta de un fondo constituido para pagarlas.
Ninguno de los 20 Ayuntamientos del estado cuenta con un fondo de pensiones propio. Ninguno está afiliado al sistema previsional estatal en lo que respecta a sus trabajadores de nómina municipal directa. Esto significa que cada peso que se paga hoy como pensión o jubilación a un ex trabajador municipal sale de una única fuente: el gasto corriente del ejercicio fiscal en curso. No hay reservas. Ni activos acumulados. Tampoco hay fondo de capitalización. Hay, simplemente, una partida presupuestal que se carga mes con mes al presupuesto operativo del Ayuntamiento.
La consecuencia práctica de este modelo es que cada pensión que se activa no reemplaza a una persona activa: compite directamente con ella. Cada jubilado que empieza a cobrar su pensión del gasto corriente es un recurso que deja de destinarse a la contratación de servicios, al mantenimiento de infraestructura, a la operación de programas municipales. Y esa competencia que no se resuelve, se agrava con el tiempo.
Cada pensión que se activa en un municipio nayarita se paga quitándole recursos a los servicios que ese municipio debe prestar a su ciudadanía.
La pensión dinámica: un modelo brillante para el trabajador, insostenible para el ente
El esquema que opera en la mayoría de los municipios nayaritas con trabajadores sindicalizados presenta una característica que lo hace especialmente complejo desde la perspectiva financiera institucional. Los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social reciben, al jubilarse, la pensión que el régimen del IMSS les corresponde. Hasta ahí, el modelo es el general del sector privado y no genera problemas estructurales distintos a los que el propio IMSS administra.
El problema aparece con la cláusula de complementación que los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos municipales suelen incluir: el trabajador tiene derecho a recibir el equivalente al cien por ciento de su último sueldo como pensión. La diferencia entre lo que paga el IMSS, que en la mayoría de los casos representa una fracción de ese monto, dependiendo de los años cotizados y el salario base de cotización, y el cien por ciento del último sueldo la cubre el propio Ayuntamiento. Del gasto corriente.
Esa diferencia no es trivial. Un trabajador con 20 años de servicio que se jubila con un sueldo mensual de 20 mil pesos puede recibir del IMSS una pensión de ocho o diez mil pesos. El Ayuntamiento complementa con la diferencia hasta los 20 mil pesos mes a mes, todos los meses, durante el resto de la vida del trabajador. Y esa obligación es, además, dinámica: se actualiza conforme aumentan los sueldos del personal activo equivalente.
| MODELO ACTUAL DE PENSIONES MUNICIPALES NAYARITAS: Trabajador sindicalizado afiliado al IMSS → recibe pensión del IMSS al jubilarse. Diferencia entre pensión del IMSS y 100% del último sueldo → la paga el Ayuntamiento del gasto corriente. La pensión es DINÁMICA: se actualiza conforme suben los sueldos del personal activo. Sin fondo constituido. Sin aportaciones del trabajador a un sistema propio. Sin reserva actuarial. Resultado: cada jubilado nuevo representa una obligación vitalicia de gasto corriente creciente. |
Desde la perspectiva del trabajador, este esquema es envidiable. Garantiza la continuidad del nivel de vida, elimina la incertidumbre sobre el monto de la pensión, y protege contra la erosión inflacionaria mediante la actualización dinámica. Es, en términos de diseño de prestaciones laborales, un modelo que cualquier trabajador racionalmente elegiría.
El problema no está en el trabajador. Lo carga el ente público que paga ese esquema y no constituyó el fondo que debería haberlo respaldado. Y fue omiso, en la mayoría de los casos, no por negligencia sino porque el sistema jurídico que rige a los municipios nayaritas nunca les exigió hacerlo con la claridad y la coercibilidad necesarias.
La aritmética que nadie quiere hacer en voz alta
El pasivo no financiado de pensiones municipales en Nayarit no tiene una cifra oficial publicada. Ningún Ayuntamiento ha realizado un estudio actuarial serio que cuantifique cuánto dinero necesitaría reservar hoy para cubrir las obligaciones de pensiones que tiene comprometidas para los próximos 20 o 30 años. Esa ausencia de datos no significa que el pasivo no exista: sólo que se administra con los ojos cerrados.
El modelo es sencillo de describir en su dinámica perversa: mientras el número de trabajadores activos es significativamente mayor que el de jubilados, las pensiones representan una carga manejable dentro del gasto corriente. Pero conforme el municipio envejece institucionalmente (conforme los trabajadores que ingresaron en los años 80 y 90 llegan a la edad de jubilación), la proporción se invierte. El número de jubilados crece, el monto total de las pensiones también, y la capacidad operativa del Ayuntamiento se contrae de forma proporcional.
No es especulación. Es la matemática de cualquier sistema de reparto sin reservas: funciona mientras crece, colapsa cuando madura. Y los municipios nayaritas están en la fase de maduración de ese ciclo.
Ningún Ayuntamiento de Nayarit ha realizado el estudio actuarial que cuantifique su pasivo de pensiones. Administrar esa deuda con los ojos cerrados no la hace desaparecer.
Lo que la reforma al artículo 137 no resuelve y lo que sí debería hacer
La reforma constitucional que hoy se debate en los Ayuntamientos nayaritas aborda el síntoma (el monto de las pensiones) sin tocar la causa estructural: la ausencia de un fondo que las respalde. Poner un tope a las pensiones municipales es una medida que en el contexto nayarita tiene un impacto práctico limitado, porque los montos en cuestión raramente superan el límite propuesto. Pero no resuelve el problema de que esas pensiones, cualquiera que sea su monto, se siguen pagando del gasto corriente sin un modelo financiero que lo sostenga en el tiempo.
La urgencia real no es limitar pensiones que en los municipios nayaritas no son doradas. Es construir el andamiaje financiero que haga sostenibles las pensiones que sí son justas. Eso requiere dos cosas que la reforma no da: voluntad política para reconocer el problema, y un instrumento jurídico-financiero que obligue a los Ayuntamientos a constituir reservas actuariales a partir de ahora.
El Estado de Nayarit cuenta desde 2023 con la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y los Trabajadores, que ofrece un vehículo institucional para que los municipios se incorporen a un sistema previsional con sustento financiero. La afiliación municipal a ese sistema, o la construcción de alternativas equivalentes, no es una opción que puede postergarse indefinidamente. Es una necesidad que la realidad fiscal ya está imponiendo, aunque no siempre con la visibilidad que merece.
| LO QUE LA REFORMA NO RESUELVE PARA LOS MUNICIPIOS: No crea fondos de pensiones donde no existen. No obliga a los Ayuntamientos a realizar estudios actuariales. No establece mecanismos de aportación de los trabajadores a su propio retiro. No resuelve la brecha entre la pensión del IMSS y la pensión complementaria municipal. No prevé un régimen de transición para el pasivo ya acumulado. Lo que sí hace: poner un tope a prestaciones que en el contexto municipal nayarita raramente lo superan. |
Una responsabilidad que no puede postergarse
Existe la tentación, comprensible desde la lógica de la gestión cotidiana, de postergar este problema. Los estudios actuariales cuestan. La constitución de fondos requiere ajustes presupuestales que reducen el gasto disponible a corto plazo. La negociación con los sindicatos para modificar un modelo que les es favorable no es fácil ni popular. Y los efectos del aplazamiento no se sienten de forma inmediata: se acumulan silenciosamente durante años hasta que se vuelven inmanejables.
Pero hay una realidad que ningún responsable de la gestión pública municipal puede ignorar con conciencia limpia: cada año que pasa sin constituir el fondo es un año más de pasivo acumulado que alguien tendrá que pagar. No el trabajador que se jubila, que tiene un derecho legítimamente adquirido. No el ciudadano que recibe los servicios municipales, que tiene derecho a que el Ayuntamiento funcione. Será el próximo gobierno municipal, o el siguiente, o el siguiente. Pero alguien pagará.
Y cuando llegue ese momento, el costo no será sólo financiero. Será el costo de haber administrado durante décadas un sistema que todos sabían que no era sostenible, y no haberlo dicho con claridad cuando todavía había tiempo para actuar.
El debate sobre las pensiones municipales no debería girar en torno a si son demasiado altas. Debería girar en torno a por qué no tenemos el fondo para pagarlas.
La conversación que necesitamos tener
La reforma al artículo 137 de la Constitución nayarita, con todas sus imprecisiones técnicas y sus ambigüedades de parámetro, tiene el mérito de haber colocado el tema de las pensiones públicas en la agenda. Ése es un avance que no debe desperdiciarse.
Pero la conversación que Nayarit necesita tener no es si las pensiones municipales son o no son doradas. No lo son, en términos generales, y el debate sobre ese punto es en gran medida una discusión mal encuadrada que desvía la atención del verdadero problema.
La conversación que necesitamos tener es ésta: ¿cómo construimos, a partir de ahora, el modelo financiero que haga sostenible el compromiso que el Estado municipal tiene con sus trabajadores? ¿Cómo transitamos de un sistema de reparto sin reservas hacia un modelo con fondo constituido, con aportaciones, con reserva actuarial, con certeza para el trabajador y para la institución? ¿Qué instrumento jurídico, qué calendario, qué voluntad política se requieren para que eso ocurra antes de que la matemática nos alcance?
Esas preguntas son incómodas. Implican decisiones difíciles. Requieren negociar con actores que tienen intereses legítimos en el statu quo. Pero son las preguntas correctas. Y mientras sigamos hablando de pensiones doradas que en los municipios nayaritas no existen, al menos no en la dimensión del ámbito nacional, estaremos postergando las respuestas a las preguntas que sí importan.
Tarde que temprano, las finanzas municipales lo pondrán en la agenda. La diferencia entre hacerlo ahora y hacerlo cuando ya no haya margen de maniobra es la diferencia entre una reforma ordenada y una crisis. Esa elección todavía está en nuestras manos.
Raúl Rosales Rosas
Abogado. Fundador de Rosales Rosas & Asociados. Especialista en derecho administrativo municipal, derecho fiscal y responsabilidad administrativa de servidores públicos. Ha sido asesor jurídico de múltiples entes públicos y ha ejercido cargos directivos en materia de fiscalización pública y en la banca social de desarrollo. Tepic, Nayarit.
