El Congreso de Nayarit aprobó diversas reformas legales que buscan garantizar el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva en los ámbitos deportivo y social. Durante la última sesión legislativa, se modificaron marcos normativos para asegurar que la recreación física sea accesible para todos sin distinción de género o condición física, priorizando el impacto directo en la ciudadanía.
La modificación a la Ley de Cultura Física y Deporte amplía el concepto de deporte social, lo que permitirá que las actividades recreativas, educativas y de salud sean un derecho para cualquier persona, eliminando barreras de discriminación. Ahora se define al deportista bajo una visión inclusiva que otorga los mismos derechos a hombres y mujeres en programas de desarrollo, fortaleciendo el acceso equitativo a estas disciplinas.
Las nuevas disposiciones establecen que el instituto encargado del deporte en la entidad deberá ejecutar acciones con enfoque de igualdad. El objetivo principal es que los apoyos lleguen de manera equitativa a las mujeres y se eliminen las brechas de género que históricamente han afectado la profesionalización y el acceso a recursos. Sólo a través de políticas con perspectiva de género será posible alcanzar un desarrollo deportivo integral en el estado.
De manera complementaria, se reformó la Ley de Desarrollo Social para integrar la igualdad sustantiva como eje rector de la planeación pública. Con este cambio normativo, se pretende que los programas estatales cierren las brechas de desigualdad y garanticen que los sectores más vulnerables tengan un acceso real a sus derechos fundamentales, asegurando que el desarrollo no sea sólo un concepto administrativo, sino una realidad palpable.
En la misma jornada, se emitió un exhorto a los 20 ayuntamientos del estado para fortalecer la atención a personas con discapacidad. Se busca que las administraciones municipales apliquen criterios de no discriminación y sensibilicen a la población sobre la importancia de contar con espacios públicos que sean seguros, accesibles y libres para este sector. Estas actualizaciones legales responden a la necesidad de modernizar el marco jurídico estatal para alinearlo con estándares de derechos humanos.
