OPINIONES DE UN ESPECIALISTA
Siempre es importante atender las opiniones de los especialistas. En esta ocasión, el doctor Abel Ortiz Prado -aborpra@hotmail.com-, Consultor en gobierno, finanzas y administración pública. Estructurador de Asociaciones Público Privadas, señala que durante décadas el diseño del sistema fiscal mexicano ha transitado por una ruta que, lejos de fortalecer al municipio como orden de gobierno, ha ido debilitando progresivamente su capacidad financiera. El caso del gravamen sobre la enajenación de bienes inmuebles resulta paradigmático: mientras el artículo 115 constitucional establece con claridad que los municipios percibirán todas las contribuciones vinculadas a la propiedad inmobiliaria, en la práctica la Federación ha gravado este mismo hecho económico a través del Impuesto sobre la Renta, apropiándose de una base que guarda una relación directa con la hacienda municipal. No se trata de una discusión menor, sino de una tensión estructural entre el texto constitucional y la operación real del sistema tributario, particularmente si se considera que el municipio —primer orden de gobierno en nuestra historia— hoy es, paradójicamente, el más limitado en su capacidad financiera.
NO HAY CORRECCIÓN
Con el paso del tiempo, lejos de corregirse, esta distorsión ha sido administrada mediante mecanismos de coordinación fiscal que reconocen parcialmente el problema, pero no lo resuelven de fondo. El convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, -modificado en su cláusula decimonovena en el ejercicio fiscal 2020- por ejemplo, establece a partir de esa fecha que las “entidades federativas accedan hasta al 100% de la recaudación del ISR derivado de la enajenación de bienes inmuebles”; sin embargo, les obliga en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal a transferir “como mínimo” el 20% a los municipios, quedándose con un 80% de ingresos que no le corresponden”. Esto configura un esquema en el que la Federación recauda, el Estado intermedia y el municipio recibe una fracción de un ingreso que, por su naturaleza constitucional, debería corresponderle en tu totalidad de manera originaria. El resultado es un federalismo fiscal incompleto, donde la descentralización de responsabilidades no se ha correspondido con la respectiva asignación de los ingresos.
OPORTUNIDADES A LA VISTA
En este contexto, la coyuntura política que se avecina en entidades como Nayarit, con la renovación simultánea del Poder Ejecutivo, el Congreso local y los Ayuntamientos en el 2027, abre una ventana de oportunidad para replantear objetivamente este modelo. La discusión no debe centrarse en la creación de nuevos impuestos, sino en la restitución de los espacios fiscales municipales, particularmente en materia inmobiliaria. Avanzar hacia un esquema en el que los municipios perciban la totalidad de los ingresos asociados a la dinámica de su territorio no solo fortalecería su autonomía financiera, sino que permitiría mejorar la provisión de servicios públicos y reducir la dependencia estructural de las participaciones federales. En última instancia, se trata de hacer efectivo el principio del municipio libre, no solo en el discurso constitucional, sino en la realidad hacendaria del país. “Los municipios no necesitan más impuestos, necesitan más ingresos: no se trata pues de crear nuevos impuestos, sino de devolverle a los municipios lo que constitucionalmente nunca debieron perder.
VEREMOS Y DIREMOS.
