De acuerdo con el experimentado Abel Ortiz Prado –aborpra@hotmail.com Consultor en gobierno, finanzas y administración pública. Estructurador de Asociaciones Público-Privadas, la reciente revisión negativa de la perspectiva crediticia del Estado de Sinaloa por parte de Moody’s Ratings abrió un debate poco explorado en México: ¿puede la percepción de debilidad institucional o de posible infiltración criminal impactar directamente el costo financiero de un gobierno estatal? Durante décadas, las calificadoras internacionales evaluaron principalmente variables tradicionales como deuda pública, liquidez, recaudación o dependencia de participaciones federales. Sin embargo, el contexto actual de los mercados emergentes muestra un cambio relevante: la calidad crediticia ya no depende únicamente de la capacidad de pago, sino también de la fortaleza institucional, la gobernabilidad y la confianza que genera el Estado frente a inversionistas y organismos financieros internacionales. En otras palabras, los mercados ya no solo preguntan “¿puede pagar?”, sino también “¿puede gobernar?”.
VISIÓN CLARA
En este nuevo escenario, las acusaciones públicas, investigaciones internacionales o señalamientos sobre posibles vínculos entre actores políticos y estructuras criminales pueden convertirse en variables de riesgo financiero. El problema central no radica únicamente en el impacto mediático, sino en las consecuencias prácticas que ello puede generar: menor apetito de intermediarios financieros, condiciones más estrictas para el acceso al crédito, incremento en tasas de interés, mayores garantías exigidas e incluso restricciones para proyectos de inversión pública y Asociaciones Público-Privadas. Si este precedente se consolida, otras entidades federativas señaladas recurrentemente por violencia sistémica, debilidad institucional o presunta captura criminal podrían enfrentar revisiones negativas similares, incorporando así un nuevo componente dentro del análisis hacendario subnacional: el riesgo reputacional derivado de la gobernanza. Todo esto ocurre además en un momento particularmente delicado para los mercados emergentes, donde calificadoras como Moody’s han advertido sobre la creciente importancia de la estabilidad institucional como elemento fundamental de la calidad crediticia soberana. En el caso mexicano, el riesgo ya no sería exclusivamente estatal, sino potencialmente sistémico. Si diversas entidades federativas comienzan a proyectar señales de deterioro institucional, la percepción internacional podría trasladarse gradualmente hacia el propio país, afectando inversión, confianza y costo de financiamiento.
EL RETO NACIONAL
El desafío para México ya no consiste solamente en mantener la disciplina fiscal o buen nivel de reservas internacionales; ahora también implica preservar la legitimidad institucional, el estado de derecho y la confianza pública. Porque en la nueva lógica financiera global, la estabilidad política y la credibilidad gubernamental empiezan a cotizarse igual que los balances contables. “Las agencias calificadoras internacionales ya no solo evalúan balances. Empiezan a evaluar la capacidad del Estado para preservar legitimidad. Todo un reto para México”.
VEREMOS Y DIREMOS.
