El deterioro ambiental avanza bajo la sombra de la conveniencia económica, una realidad que observa con inquietud, María Eugenia Jiménez Valenzuela, expresidenta municipal de Tepic y exdiputada federal. Para ella, el respeto por la tierra no es una postura de moda, pues procede de la herencia campesina de su padre en Santiago Ixcuintla.
Mantener la defensa de los recursos naturales ha sido una constante en su trayectoria, marcada por la participación en foros donde la retórica suele chocar con la inacción. La exlegisladora advierte que el cambio climático es innegable, aunque persiste un sector de la población que prefiere ignorar las evidencias térmicas y meteorológicas del presente.
Esta paradoja se acentúa cuando sectores conscientes de la crisis ecológica respaldan proyectos depredadores si existen ganancias de por medio. Estos privilegian el capital sobre la supervivencia de manglares y humedales, ignorando que el equilibrio biológico es el único sustento real de la economía y la vida humana.
“Todos somos parte de este planeta y dependemos de él para vivir; el dinero puede servir para muchas cosas, pero no se puede comer ni puede reemplazar los recursos naturales que estamos perdiendo”, sentenció María Eugenia Jiménez Valenzuela al cuestionar la lógica del lucro inmediato.
Jiménez Valenzuela identifica una complicidad tácita entre empresarios y funcionarios que facilitan la modificación de usos de suelo. En esta dinámica, las ventajas políticas inmediatas desplazan la visión de largo plazo, dejando a la ciudadanía como la única víctima del asedio a las lagunas y cauces de ríos que son alterados sin mayor reparo.
Bajo leyes naturales inamovibles, los ecosistemas funcionan de forma que, al ser vulnerados, activan consecuencias inevitables para las comunidades. La exdiputada describe al planeta como una gran nave donde cada habitante comparte el mismo destino, advirtiendo que los daños actuales rozan ya el límite de lo irreversible para la humanidad.
Existe una herida abierta en su memoria legislativa: la iniciativa de Justicia Ambiental presentada en el año 2008. Aquel proyecto buscaba dotar al Estado de herramientas punitivas contra los depredadores de la naturaleza, sumando mecanismos legales para sancionar de forma efectiva a quienes destruyen el patrimonio ecológico nacional.
Aquella propuesta naufragó en los pasillos del poder tras una reunión de cúpulas partidistas, un bloqueo que la política nayarita califica todavía como incomprensible. La parálisis de esa ley evidencia cómo las agendas de grupo suelen asfixiar las reformas que el país requiere para transitar hacia una cultura de responsabilidad ambiental.
México requiere de instrumentos legales robustos que trasciendan el discurso y castiguen severamente las afectaciones a la biodiversidad. Sólo mediante una vigilancia estricta y una educación que despierte a las nuevas generaciones será posible frenar la inercia destructiva que hoy domina el desarrollo urbano e industrial.
“Mientras más ciudadanos participen en la protección del medio ambiente, mayores serán las posibilidades de preservar nuestros recursos naturales”, señaló la entrevistada al enfatizar la necesidad de impulsar programas permanentes de sensibilización desde todos los niveles de gobierno.
Urgentemente, el tiempo de la contemplación ha terminado ante un panorama que califica de crítico para la supervivencia. Actuar con responsabilidad es la última frontera para evitar que el desastre ecológico se convierta en una sentencia definitiva para el futuro del territorio y las próximas generaciones.
