Jorge Zepeda Patterson entra a un debate espinoso con una ventaja de origen, que ve los riesgos de los dos lados. Reconoce como legítimo el deseo del gobierno de proteger el derecho de las audiencias a ser informadas y no desinformadas, y recuerda una premisa incómoda para los medios, los concesionarios de radio y televisión usan un espacio público que pertenece a todos, de modo que la sociedad puede exigir que lo aprovechen con responsabilidad. Pero valida en el mismo párrafo la inquietud contraria, que una instancia dominada por la fuerza en el poder termine dictando qué contenidos se sancionan para blindar sus intereses o frenar la crítica.
El equilibrio con que plantea el dilema es lo mejor del texto. Los abusos y el amarillismo de la radio y la televisión están a la vista, admite, pero también el uso faccioso que algunos morenistas han hecho de sus cargos. Para que el riesgo se entienda, ofrece nombres: que figuras como Adán Augusto López, Cuitláhuac García o Lenia Batres pudieran decidir qué se critica y qué no debería preocupar a cualquiera. El columnista se cuida de aclarar que no sugiere que ellos vayan a ocupar esos puestos, pero apunta algo más de fondo, el gobierno no puede garantizar que perfiles de esa tesitura no lleguen al poder.
Frente al riesgo, se deslinda de quienes proponen archivar la iniciativa. No coincide, dice, porque la emergencia de figuras como Trump o Milei se explica en buena medida por el modo en que los medios contribuyeron a forjar una opinión pública desinformada. Ahí fija la pregunta que ordena la columna, cómo mejorar los contenidos y volverlos algo más responsables sin entregar un instrumento de control a la fuerza gobernante, sea cual sea. Y añade una advertencia dirigida a los propios simpatizantes del oficialismo, incluso quien crea que Morena haría buen uso de esas facultades debe imaginar la misma herramienta en manos de un futuro gobierno con un Milei o un De la Espriella al frente.
Al examinar la propuesta de Sheinbaum, el análisis se vuelve técnico y honesto. Reconoce que buena parte del texto busca minimizar el peligro, y no sólo en la forma: el reglamento plantea que sean los propios concesionarios quienes elaboren su código de ética y nombren al defensor de audiencia, y que el derecho de réplica pase por ese defensor designado por el medio. El problema de fondo, señala, aparece al final del recorrido, porque las controversias las resolverá la Comisión.
Ahí concentra su reparo, y lo sostiene con datos verificables. Varios criterios del derecho de las audiencias son resbaladizos, dónde termina la información y empieza la opinión, cuándo una expresión es discriminatoria, qué cuenta como el contexto correcto de una nota. Las multas pueden llegar al uno por ciento de los ingresos acumulables del concesionario. Con esos mimbres, advierte, bastaría una camarilla de quejosos y una Comisión con sesgo oficialista para sacar del aire a un medio incómodo. El dato duro respalda la preocupación, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se integra por cinco personas propuestas por la Presidencia y ratificadas por el Senado, sustituyó al desaparecido y autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones y quedó adscrita a una agencia del Ejecutivo. Gobierne quien gobierne, resume, es un órgano ligado a la fuerza en el poder.
De ahí extrae su tesis. Para una sociedad, dice, resulta demasiado arriesgado dar al soberano la facultad de acotar los contenidos políticos de los medios o de retirar una cobertura crítica. Su matiz es cuidadoso: más que suponer si Sheinbaum lo usaría con ese fin, algo que él no cree, le importa fijar los límites del poder político sobre la información, quienquiera que ocupe la silla presidencial. Pero se niega a que esa cautela sirva de coartada para no hacer nada, porque también daña la democracia que un puñado de concesionarios millonarios defina la conversación pública.
El cierre es una propuesta más que una queja. A Zepeda le habría gustado que los redactores pensaran la ley imaginando otro contexto, por ejemplo un presidente priista o panista. Un texto así, sugiere, tendría que rediseñar la forma de nombrar la Comisión, o crear una distinta y más independiente, y renunciar a los enormes «dientes» para sancionar por sí sola la existencia de un medio. La mayor parte del proyecto, concede, es razonable; sólo faltaría ajustarlo pensando en que quienes hoy lo redactan un día no estarán en Palacio, y estima que todavía hay tiempo.
Vale anotar la distancia editorial. La columna es de opinión, y su autor escribe con simpatía hacia el gobierno, algo que en este caso refuerza su argumento en vez de restarle, porque el reparo no viene de un adversario. Los nombres que menciona son ejemplos suyos del tipo de perfil que le preocupa, no señalamientos de que vayan a integrar la Comisión. Y los hechos que sostienen la pieza, la composición del órgano y el tope de las multas, están confirmados.
El valor del texto está en cómo desactiva la trampa de las dos trincheras. Zepeda rechaza tanto el «no hagamos nada» que protege a los concesionarios como el «confiemos en el gobierno» que ignora al de mañana, y coloca la discusión donde importa, en el diseño institucional y no en la buena fe del gobernante en turno. La pregunta que deja abierta es la que cualquier demócrata debería hacerse antes de crear un poder nuevo: qué hará con esa facultad quien gobierne el día de mañana, más allá de la confianza que hoy inspire quien la diseña.
