Por Ernesto Acero C.

Los astros se alinean en favor de los nayaritas. El esfuerzo que encabezan tanto el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, tienen como finalidad consolidar lo que desde el siglo XIX se dio en llamar Estado de Bienestar.

Lo anterior puede concluirse luego de una interesante conversación sostenida con el responsable de los programas de Bienestar, Pavel Jarero Velázquez. El funcionario federal, se muestra convencido de la trascendencia de los programas sociales concebidos desde el Gobierno Federal.

El funcionario posee una trayectoria política sólida y una robusta formación ideológica. En efecto, Pavel Jarero ha ocupado cargos públicos en el Legislativo local y federal, así como el político-administrativo como Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla. Ocupando el cargo actual, se muestra como se le conoce, convencido sinceramente del impacto económico y social de los programas sociales desplegados por el Gobierno Federal en estrecha coordinación con el Gobierno del estado.

Se refiere a los programas sociales que se han desplegado en el estado de Nayarit. Los enuncia uno a uno, no solamente como una descripción de hechos, sino como una descripción de la significación de cada uno de ellos. Esos programas son:

1. Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores,

2. Sembrando vida,

3. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente,

4. Apoyo al bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras,

5. Bienestar de las personas en emergencia social o natural,

6. Microcréditos para el bienestar,

7. Apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el de

8. Apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.

Con visible entusiasmo y conocimiento de cada uno de esos programas, se refiere a ellos. Los explica y alude a la pertinencia social de cada uno y de su relevancia en el orden económico. Algunos de esos programas, observa, son una manifestación pura de justicia redistributiva y otros se expresan como una forma de respaldo a diversas actividades productivas.

No se trata de programas sociales sin objeto social o sin repercusiones económicas. Se trata de apoyos para que las personas puedan aportar su esfuerzo, su creatividad y en algunos otros aspectos, son programas que reconocen las aportaciones de millones de personas a la riqueza nacional.

El funcionario federal deja en claro que los programas sociales tienen una enorme diferencia de la forma en que estos se concebían en el pasado reciente. No son programas con fines clientelares. Los programas pueden beneficiar a las personas que los requieren, y no se les condiciona de ninguna manera, a partir de la militancia en cualquiera de las siglas del panorama nacional o local. Los programas sirven de apuntalamiento para el desarrollo sin que se condicione el sentido del voto.

Es conocida la significación enorme que posee la pensión que se entrega en favor de los adultos mayores. En un país en el que amplios sectores de la población que están en edad de jubilación carecen de la misma, este no puede ser sino un acto de justicia para quienes toda su vida han trabajado sin tener la seguridad de un ingreso mínimo para el retiro.

La pensión que se asigna a las personas con capacidades diferentes o con discapacidades específicas, se hace necesaria para garantizar el derecho a una vida con garantías básicas. No se trata de enriquecer a las personas discapacitadas, sino de asegurarles un piso básico de bienestar. Hasta en las sociedades más salvajes, se ha protegido a las personas de edad avanzada o a las personas heridas en la busca de alimento. A estas alturas, no proteger a discapacitados, sería peor que una barbaridad.

El apoyo que se otorga en favor de personas en situación de emergencia social también resulta indispensable, dado que no pueden abandonarse a su suerte a las personas en situación crítica. Los estragos provocados por la naturaleza, tras un huracán, tras un sismo o causas parecidas, requieren de la solidaridad del gobierno. Sin duda, los particulares también aportan ayuda a personas que son víctimas en casos de desastres naturales, pero el gobierno no puede no debe desentenderse de esos sectores.

Cuando se habla de igualdad, generalmente quedaban en el olvido las mujeres en situación de pobreza. Ahora, el gasto público se ejerce con perspectiva de género mediante el otorgamiento de microcréditos que se otorgan a mujeres que poseen interés en aprovechar su capacidad productiva. A eso se deben agregar los recursos que se destinan para apoyar a los refugios especializados en auxiliar a las mujeres que son víctimas de violencia en razón de género. Este último recurso se destina también para dar apoyo a los hijos de mujeres que ya no quieren continuar viviendo en un clima de violencia.

Hay mucho que hacer y grandes volúmenes de recursos que se deben destinar en un país donde la pobreza y la desigualdad campean como herencia de un modelo de desarrollo que hizo a un lado el componente humano del gobierno. El Estado de Bienestar no es un invento del gobierno federal, sino una tesis de gobierno que plantea la necesidad de garantizar un piso parejo en el que las diferencias entre las personas, se manifiesten a partir del despliegue del potencial de cada persona. La tesis decimonónica que sostenía Morelos, es la consigna del gobierno federal: “Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, él vicio y la virtud”. Así debe ser ese piso parejo. Esa es la tarea encomendada a Pavel Jarero.

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