Por José Luis Olimón Nolasco
En días recientes, se publicó “Hallazgos 2021” con los resultados de la medición del sistema de justicia penal en México que desde 2013 viene publicando “México evalúa”, con el propósito de monitorear la consolidación del Sistema de Justicia Penal surgido de la reforma constitucional del año 2008.
En la presentación del documento, Edna Jaime, la Directora de México Evalúa, lamenta que “en vez de esa inversión de esfuerzos, generalizada y comprometida, para cimentar una justicia de calidad, observamos falta de voluntad para romper inercias. En 2021 (año de análisis de esta edición de Hallazgos) vimos lo que llamamos un repliegue de Estado, que se traduce en la indefinición, por parte del Gobierno federal, de objetivos claros y estrategias conjuntas”, pero también menciona la detección de “una especie de brote verde en los estados ante la falta de liderazgo federal. Si en ediciones anteriores de Hallazgos identificamos una tendencia a desmantelar las instancias creadas para la coordinación y consolidación del sistema, en ésta comprobamos su reinstalación en Baja California Sur, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Hidalgo y Zacatecas”.
Al igual que en los años anteriores, el reporte se basa en datos abiertos y solicitudes de información a instituciones federales y estatales en relación con cuatro rubros: acceso a la información relacionada con justicia; las condiciones que permiten u obstaculizan el funcionamiento institucional; la capacidad instalada y la forma de organización; los resultados observados y el estado del sistema desde la perspectiva de género.
En el apartado dedicado al acceso a la información, en el reporte se reconoce que “tras nueve ediciones de “Hallazgos”, la gran mayoría de las instituciones […] han logrado establecer mecanismos de coordinación y comunicación que derivan en información de mayor calidad y comparable en el tiempo y con la de otras instituciones” y que “por primera vez las autoridades nos han podido proporcionar información desagregada por distrito judicial, sexo, tipo de delito y diversas variables más”. Sin embargo, informa que del total de solicitudes de información enviadas al ámbito estatal, se obtuvo una tasa de respuesta del 81%, pero, de las remitidas al ámbito federal, únicamente se obtuvo un 23% de respuestas.
Reversión de la tendencia hacia el debilitamiento de las instancias de coordinación técnica; ausencia de una lógica de política pública, de esquema efectivo de monitoreo y evaluación del impacto del sistema penal y mantenimiento y profundización de la asimetría interinstitucional son mencionados como los principales hallazgos en el ámbito de los factores que propician o dificultan la operación del sistema de justicia penal.
En relación con las capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia, en la sección de conclusiones sobre el marco legal, menciona el aumento de 4% del número de personas privadas de la libertad como consecuencia de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; que diversas fiscalías y procuradurías carecen aun de lineamientos para la aplicación de criterios de oportunidad y de reducción de la pena con motivo de un procedimiento abreviado; que causa alarma el incumplimiento de los transitorios previstos para la implementación de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República y que el proceso de militarización de la seguridad pública se sigue exacerbando, poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado del Sistema de Justicia Penal.
A su vez, en la sección de conclusiones sobre el personal suficiente y capacitado, menciona que persiste la falta de información sistematizada sobre el ejercicio de los recursos que reciben las instituciones de seguridad estatales y municipales; que las agencias del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes disminuyeron en un 11% y que si bien, el 92% de las corporaciones estatales y municipales cuenta con un resultado aprobatorio en sus evaluaciones de control de confianza, sólo el 76% se encuentra vigente y el 5% [18,000 elementos] no aprobó su evaluación…
En cuanto a resultados, los principales hallazgos que presenta el reporte son: la violación fue el delito del fuero común que registró un mayor incremento en 2021 en relación al año anterior, con un 28.1%; solo 17 entidades iniciaron una carpeta de investigación sobre el 100% de las denuncias y querellas presentadas; dos de cada diez personas imputadas bajo prisión preventiva concluyeron sus procesos mediante sentencia condenatoria; al final de 2021 había 4,904 personas privadas de la libertad sin sentencia después de más de dos años y que el porcentaje de mujeres sin sentencia en centros penitenciarios estatales y federales fue más alto [49.3%] que el de los varones en esas misma situación [39.6%].
En el cuarto apartado del reporte, dedicado al enfoque de género, se enumeran cuatro hallazgos principales: en el 72% del territorio nacional hay evidencia de que se ejerce algún tipo de violencia en contra de las mujeres, debido al género; que solo cuatro de las 32 fiscalías y procuradurías de justicia están a cargo de una mujer y solo nueve de 32 tribunales superiores son presididos por mujeres; que las mujeres son incomunicadas o aisladas a partir de su detención en mayor medida que los varones [55.3% vs. 50.5%] y que las mujeres son mayormente coercionadas para aceptar un procedimiento abreviado por parte de su abogado defensor y reciben tiempos de condena más prolongados.
A través de estos cuatro apartados, este reporte ofrece un panorama general del estado que guarda el Sistema de Justicia Penal en nuestro país a catorce años de la reforma constitucional en esa materia que vale la pena explorar más allá de las generalidades referidas en estas “palabras” ya que en él se contienen datos relevantes de una diversidad de temas relevantes desde una perspectiva académica, esa que tanta falta hace en un contexto en que la información se ofrece, generalmente, de manera fragmentaria y parcializada.
Probablemente, como lo han afirmado quienes han colaborado y quien ha encabezada este “Hallazgo 2021”, entre lo más relevante que ofrece este reporte tiene que ver con el Índice de Impunidad Estatal 2021, ya que este muestra el nivel de respuesta efectiva que las instituciones de justicia brindan a los casos que conocen, así como a la robustez o flaqueza del sistema de justicia y, consiguientemente, del Estado de derecho.
Pero este tema será abordado en otras “palabras”…
