El filósofo griego Aristóteles ―ese a quien Dante Alighieri denomina “el maestro de los que saben” y Santo Tomás de Aquino, menciona, simplemente, como “el filósofo”― suele ser conocido, entre otras cosas, por su concepción de las virtudes como el término medio entre el exceso y el defecto.

Esta “idea” del término medio ―que tiene que ver más con medianía que con mediocridad― vino a mi mente, una y otra vez, a lo largo de la semana, a propósito del “Mexico 2022 Human Rights Report”, publicado el pasado 30 de recientemente por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, como parte de los “Country Reports on Human Rights Practices for 2022”.

Vino a mí esta idea del término medio porque, me parece que la negación del contenido de ese reporte y la adjudicación al mismo del sustantivo “bodrio” o de los adjetivos “mentiroso” o “politiquero”, salidos de la boca del Jefe del Estado Mexicano, representa uno de los extremos posibles entre las reacciones a este documento, aunque se pueda estar de acuerdo en que ese tipo de reportes puede ser calificado como injerencista o hipócrita y considerarse como una muestra más de que el vecino país del norte se considera a sí mismo como una especie de juez con jurisdicción global.

En el otro extremo, estaría [digo estaría porque no he encontrado expresión alguna en ese sentido] cualquier postura que considerase que el contenido de este Reporte sea totalmente veraz y que esté libre de todo interés injerencista o electoral.

No necesariamente en el justo medio, pero sí entre ambas posturas extremas, caben las posturas que consideran el Reporte del Departamento de Estado no es, ni del todo veraz, ni del todo mendaz, sino que contiene verdades indudables entrelazadas con bases frágiles, imprecisiones y, tal vez, algunas afirmaciones falsas.

En ese orden de cosas, se puede mencionar el posicionamiento emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de la publicación del “México 2020: Reporte de los Derechos Humanos”, por parte del mismo Departamento de Estado del Gobierno norteamericano, que si bien no se refiere al Reporte correspondiente a 2022, tiene un contenido semejante.

En ese documento, la CNDH afirma haber llevado a cabo “una revisión pormenorizada del documento en cuestión, sobre todo en cuanto a lo que de manera general se apunta: que ‘la impunidad y los índices extremadamente bajos de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos’”, y sostiene que “los hechos que consigna el documento elaborado por el Departamento de Estado de Washington no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente hoy en México en materia de derechos humanos, puesto que deja de lado los avances y esfuerzos en el mismo texto señalados (como el hecho de que se indique que el gobierno federal promovió “la reforma laboral más completa en un siglo”), y omitiendo otros de trascendencia (como la puesta en vigor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, el cual es obligatorio para todas la dependencias de la Administración Pública Federal), enfatizando sólo aquellos elementos que se muestran como problemáticos. Además, como refiere el propio Reporte, esta Comisión Nacional ha estado atendiendo muchas de las situaciones derivadas de los hechos referidos, conforme a la normatividad que rige su actuación y en algunos casos yendo más allá acompañando las demandas de las víctimas frente a las autoridades”.

Una postura no extrema y crítica, a la vez que legítima, en cuanto se refiere a la imposibilidad de generalizar los hechos ahí mencionados, al acento puesto en elementos problemáticos y a la omisión de hechos relevantes de signo positivo que pudieran modificar el panorama general del Reporte, pero que tiene el inconveniente de relativizar los hechos problemáticos de manera tal que su posicionamiento está más cercano al rechazo de su contenido que a una aceptación crítica.

En esa dirección, parecen ir la mayor parte de las reacciones que ante el Reporte se pueden encontrar en los análisis realizados en los medios tradicionales de comunicación social, a los que se puede reprochar, quizás, que obedecen a posturas de rechazo a la manera como la presente administración ha venido manejando el tema de los derechos humanos.

En términos generales, estas posturas sostienen la veracidad de los principales señalamientos contenidos en el Reporte, a saber: homicidios cometidos por funcionarios públicos, , policías municipales, estatales e integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina; casos de desaparición forzada, denuncias de actos tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales y arrestos o detenciones arbitrarias; asesinatos en que grupos criminales estuvieron implicados con total impunidad en la mayor parte de los casos; restricciones a la libertad de expresión y violencia contra periodistas que, en varios casos, ha llegado hasta privarles de la vida; la violación de derechos de las personas migrante por parte de policías, funcionarios de migración y de aduanas y por miembros del crimen organizado…

Todos estos hechos no pueden ser negados o calificados como mentiras, a pesar de que, como se señaló ya, puedan ser considerados injerencistas, hipócritas o, incluso, parciales, por no ofrecer un panorama completo de fuerzas y debilidades, algo que, quizás, no se pueda esperar o se pueda exigir a un documento que busca ofrecer un panorama general del estado de los derechos humanos en nuestro país con el acento puesto en aquellos puntos en que la violación de los mismos resulta más clara y más necesitada de acciones que vayan permitiendo una firme mejoría no solo en el reconocimiento, sino en la garantía de derechos, para la cual es indispensable tener un diagnóstico lo más preciso que sea posible y reconocer las violaciones que siguen presentes.

En ese contexto, la reciente ejecución de “El Chueco”, presunto asesino de los padres jesuitas en la Sierra Tarahumara, mostró, una vez más, la incapacidad de las autoridades correspondientes para procurar justicia, así como un poder justiciero paralelo, mientras la afirmación de que organizaciones del crimen organizado tiene el control de ciertas partes del territorio nacional y que hay autoridades de los tres niveles de gobierno coludidas con ellas —ratificada por obispos mexicanos en vísperas de su visita “ad limina”—, muestra otra realidad preocupante que también se ha intentado negar o remitir al pasado, una y otra vez, desde el poder.

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