Doce días después de separarse del cargo, Rubén Rocha Moya permanece ausente de la escena pública. No aparece en actos oficiales ni concede entrevistas. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles, en su conferencia matutina, que el gobernador con licencia de Sinaloa no ha sido sujeto de investigación desde que ella asumió la Presidencia, y recordó que el Tribunal Electoral validó su elección de 2021. Horas después, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde salió a desmentir un reportaje de la revista Proceso que situaba a Rocha resguardado en el Palacio de Gobierno de Culiacán, bajo «vigilancia estratégica y disuasión aérea permanente» con un helicóptero y seis drones. «Él se encuentra en su casa, él se encuentra muy bien», respondió Bonilla. La mandataria interina también rechazó las versiones sobre una supuesta depresión y una afección respiratoria del gobernador con licencia.
El expediente que detonó la crisis no nació en abril. Según los documentos del Distrito Sur de Nueva York revisados por Aristegui Noticias, la primera acusación se remonta a abril de 2023, durante la administración de Joe Biden, contra 23 individuos, incluidos los tres hijos de Joaquín Guzmán Loera: Iván Archivaldo, identificado como jefe del aparato de seguridad y responsable de la tortura de miembros de Los Zetas en 2017; Jesús Alfredo, coordinador del envío de precursores químicos desde China a través del aeropuerto de la Ciudad de México; y Ovidio Guzmán, descrito como el responsable primario de la fabricación de fentanilo desde el primer laboratorio de este tipo, en 2014. La acusación de reemplazo, aprobada por un gran jurado el 29 de abril de 2026 y firmada por el fiscal Jay Clayton ante la jueza Katherine Polk Failla, eleva a 38 el número de imputados. El documento cubre la cadena completa: cuatro proveedores chinos (Kun Jiang, Yonghao Wu, Yaqin Wu y Huatao Yao, dueño de Wuhan Shuokang Biological Technology), lavado de dinero con criptomonedas, sicarios y lugartenientes como Óscar Noé Medina González El Panu, abatido el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Según la periodista Anabel Hernández, citada por Aristegui Noticias, dos figuras ya en poder estadounidense, Ovidio Guzmán y Néstor Isidro Pérez Salas El Nini, podrían comparecer como testigos contra Rocha Moya; la audiencia intermedia de Ovidio está programada para el 27 de julio.
El expediente describe con detalle el papel atribuido a cada funcionario sinaloense. A Rocha se le acusa de reunirse con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras, en los meses previos a la elección de 2021, y de prometer apoyo a las operaciones de tráfico a cambio del respaldo electoral del grupo. El senador y ex secretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez aparece como negociador de planes de protección con la cúpula del cártel. El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y los ex jefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, son señalados por recibir sobornos mensuales a cambio de proteger a integrantes del grupo y ordenar su liberación en caso de detenciones; al primero se le atribuyen pagos por hasta 11 mil dólares al mes. El ex secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, ya amparado por el Juzgado Tercero de Distrito de Michoacán hasta el 1 de junio, habría filtrado redadas con anticipación. El alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el ex comandante municipal Juan Valenzuela Millán aparecen como facilitadores; a este último, además, se le imputa haber usado la fuerza policial para colaborar en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y de su familia en octubre de 2023.
La respuesta del gobernador llegó la noche del viernes 1 de mayo, en un mensaje grabado para redes sociales. Rocha calificó las imputaciones de «falsas y dolosas» y anunció que solicitaría licencia. A la mañana siguiente, en una sesión que duró menos de cinco minutos, los diputados sinaloenses, en su mayoría de Morena, aprobaron por unanimidad y sin debate la petición. Esa misma noche, el cabildo de Culiacán hizo lo propio entre las 22:15 y las 22:32 horas con la solicitud de Gámez Mendívil; en su lugar quedó Ana Miriam Ramos Villarreal, hasta entonces síndica procuradora. Yeraldine Bonilla Valverde, hasta entonces secretaria de Gobierno, rindió protesta como gobernadora interina y se convirtió en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo de Sinaloa. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos desde el 27 de noviembre, determinó esa misma jornada que la solicitud estadounidense carecía de elementos suficientes para ejecutar una detención. El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, fue tajante: el pedimento «no tiene ninguna referencia, ningún motivo, ningún fundamento, ninguna evidencia» que acredite urgencia ni riesgo de fuga.
Casi dos semanas después, esa exigencia sigue sin respuesta. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó el 12 de mayo que Estados Unidos no envió los documentos requeridos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, refrendó el martes que no existe en México una investigación federal abierta contra Rocha Moya y aseguró que el gobierno sinaloense nunca impidió operaciones federales. Las versiones sobre el operativo que rodea al mandatario con licencia se contradicen: García Harfuch dijo que la protección fue una recomendación del Gabinete de Seguridad y no una petición de Rocha; Sheinbaum, en cambio, afirmó este miércoles que la protección fue solicitada por el propio mandatario tras una evaluación de riesgos. Lo único confirmado es que un destacamento de la Guardia Nacional permanece a cargo del operativo, sin que se conozca el número de elementos.
El frente legislativo va por otra vía. Enrique Inzunza Cázarez, senador por Sinaloa originario de Badiraguato, optó por no pedir licencia para conservar el fuero constitucional, y permanece en su pueblo natal sin presentarse al Senado; este miércoles, Alejandro Murat lo sustituyó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Su decisión abre un escenario jurídico distinto al de Rocha y Gámez Mendívil: sin separación del cargo, cualquier proceso penal en México deberá pasar antes por un desafuero. Desde Washington, el director de la DEA, Terrance C. Cole, advirtió esta semana que el caso contra el gobernador con licencia «es solo el comienzo» en México. La advertencia gana peso al recordar que El Nini, acusado en este mismo expediente, fue capturado en México y extraditado a petición de aquel país, donde hoy podría figurar como testigo de cargo. En paralelo, el Partido Acción Nacional presentó esta semana una solicitud formal de juicio político contra Rocha Moya para impedir que una eventual reincorporación al cargo reactive el fuero.
Doce días después del retiro temporal, el contraste entre la rutina del Palacio de Gobierno, donde Bonilla inaugura obras del malecón, y el silencio del titular ausente es, por ahora, la imagen más fiel del caso.
