La estabilidad política de la nación descansa sobre un andamiaje mitológico que se ha incrustado en la conciencia civil de manera permanente. En el núcleo de la administración pública, la figura del titular del Ejecutivo federal opera bajo una presunción de infalibilidad que la burocracia y los sectores corporativos alimentan de manera regular. El autor descifra la naturaleza de este fenómeno al advertir que “la estabilidad política de México ha descansado sobre el mito de la omnipotencia del Presidente. Éste es en sí un mito poderoso, en el cual cree la mayoría de los mexicanos y sostienen aun aquellos que saben que es falso”. Al igual que el derecho divino de las monarquías dinásticas o las prerrogativas de las jerarquías eclesiásticas, esta concepción conserva intacto el misterio del cargo. El mandatario emerge como el heredero directo de una herencia prehispánica de centralismo político y dogmatismo religioso impuesta desde la colonización española. Así, la sumisión absoluta a cada uno de los gobernantes proporciona la continuidad técnica al sistema, actuando como un punto focal de seguridad indispensable para evitar la confrontación abierta.
Durante su sexenio, el mandatario domina el escenario del Estado y la vida pública mediante una proyección de facultades que envuelve su figura en un aura casi imperial. Su poder controla de manera directa al Congreso de la Unión, a los magistrados del Poder Judicial, a los gobernadores de los estados de la provincia, así como al partido hegemónico y a la gigantesca burocracia civil. Riding describe este entorno cortesano al señalar que el titular “va a todas partes rodeado por una corte de acólitos y un ejército de guardaespaldas, se le bombardea constantemente con alabanzas y sus caprichos personales llegan a no distinguirse de la política pública”. El sistema presidencial no ha sobrevivido porque haya sometido al país a un ejercicio tiránico o militar de corte tradicional, sino porque refleja las virtudes y los defectos de los propios ciudadanos, combinando un sentido jerárquico ritualista con una inmensa capacidad de transacción. Sin embargo, el poder presidencial requiere un mantenimiento constante para conservar su flexibilidad; cuando el mandatario ignora las reglas del pragmatismo y confunde sus caprichos personales con la dinámica social, la estabilidad del país se debilita de forma inmediata.
Para que el engranaje del Estado funcione con regularidad, el titular del Ejecutivo federal puede gozar de un poder total, siempre y cuando acepte no ejercerlo de manera absoluta. El gobernante se sitúa en la cima de la pirámide burocrática, pero su verdadero trabajo consiste en equilibrar el interés público con la necesidad de mantener cimientos sólidos bajo su estructura. Tras una fachada monolítica e inexpugnable, el mandatario debe compartir el ejercicio real de las decisiones con los grupos de interés clave de la nación: las centrales obreras, el sector empresarial, los militares, la burocracia hegemónica, los medios de comunicación y la intelectualidad de izquierda. Riding devela la médula de esta negociación perpetua al apuntar que “el Presidente está sentado en la cima de la pirámide, pero su verdadero trabajo es equilibrar aquello que él considera el «interes nacional» con la necesidad de mantener pilares de sostén sólidos bajo él. Es el poderoso árbitro que puede interpretar las reglas, pero debe asegurarse que los equipos continúen participando en el juego”. La eficacia como mediador y árbitro resulta superior a su popularidad como político de masas, toda vez que el régimen recompensa la disciplina redistribuyendo el poder con cada cambio de gobierno.
La liturgia de la democracia republicana opera como una máscara necesaria para encubrir el absolutismo presidencial ante la opinión pública nacional e internacional. Las cámaras legislativas y los gobernados civiles conocen la subordinación real del proceso, pero se someten a las votaciones regulares como un elaborado teatro político. Los ciudadanos entienden con claridad que el mandatario en turno elige de forma personal a su sucesor, así como a la totalidad de los candidatos que ocuparán las curules y las gubernaturas de las entidades. Para adaptarse a las directrices cambiantes de los Presidentes sucesivos, el Congreso ha modificado el texto constitucional de manera constante, actuando de forma dócil ante las iniciativas del Ejecutivo. El autor expone el servilismo de la estructura parlamentaria al citar la declaración directa de un senador del régimen hegemónico, quien confesó sin ambages: “se nos paga para aplaudir”. El mismo cuerpo legislativo que aprueba por unanimidad una expropiación financiera de corte populista, respalda con idéntica sumisión la privatización de esos activos meses después si el nuevo gobernante así lo decreta.
El clímax de esta liturgia se escenifica durante la campaña electoral para la renovación del Ejecutivo federal, un período que corre catorce meses entre la postulación oficial y la toma de posesión. Aunque el triunfo del candidato oficial se encuentra garantizado desde antes del inicio del proceso, el aspirante se embarca en un recorrido costoso y extenuante por toda la geografía del país. Las centrales obreras y campesinas transportan en camiones a miles de corporativizados para que se familiaricen con el rostro y la voz del hombre que gobernará durante el siguiente sexenio. Durante este trayecto, el candidato debe limitar sus discursos públicos a promesas ambiguas y generalidades doctrinales, manteniendo una obligatoria sumisión hacia el mandatario en funciones. El corresponsal desmitifica el proceso de reclutamiento de los técnicos civiles de la capital, advirtiendo que la campaña opera como una instrucción práctica sobre la miseria real de la provincia para funcionarios cuyo conocimiento del campo procedía únicamente de informes de escritorio. Es en este espacio de movilización donde el Presidente entrante inicia las negociaciones reales con los sectores de influencia, “sobre todo con aquellos que se sintieron ignorados por el gobierno saliente”.
La transformación del poder en el sistema político mexicano resolvió el problema crítico de la sucesión mediante una regla innegociable: “ningún Presidente ha sido reelegido a partir de la dictadura de Porfirio Díaz” [N. del R. El autor omite en esta afirmación el proceso electoral de 1928, en el cual Álvaro Obregón obtuvo la reelección presidencial, aunque fue asesinado antes de rendir protesta al cargo], y la transferencia se ejecuta sin recurrir a la violencia militar. Sin embargo, la sucesión desata una tensión psicológica destructiva en los últimos meses del sexenio, cuando las lealtades burocráticas se desplazan de manera paulatina hacia el sucesor electo. El mandatario saliente, obsesionado con su lugar en la posteridad y resignado a la traición política de su colaborador, suele actuar de forma irracional en la víspera de abandonar el cargo. El autor examina este fenómeno terminal al advertir que el titular de la presidencia “llega a un clímax en un día predestinado, cuando se le sacrifica para permitir que el sistema siga viviendo”. Al sacrificar de forma simbólica a los funcionarios de la administración pasada, el nuevo gobierno permite liberar las frustraciones contenidas de la sociedad y renueva la legitimidad del régimen mediante un ritual de depuración burocrática.
